El Partido Popular de Vigo ha elevado el tono de sus críticas al gobierno local, instando al alcalde, Abel Caballero, a adoptar medidas «urgentes» y concretas para atajar el problema de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad. La formación conservadora, a través de su portavoz municipal, Miguel Martín, ha propuesto la creación de una oficina municipal de asesoramiento contra la ocupación ilegal, un servicio que, según defienden, ya opera en otras capitales españolas.
Martín ha señalado el caso de la zona de Fontiñas, en Cabral, como el ejemplo más reciente y grave de un problema que trasciende la mera propiedad privada para convertirse en una cuestión de seguridad y convivencia vecinal. El concejal ha reclamado al gobierno de Caballero que «deje de ponerse de perfil y echar balones fuera, y afronte la situación en el marco de sus competencias».
Desamparo vecinal y deterioro de la convivencia
La situación en áreas como Fontiñas ha provocado un deterioro palpable de la calidad de vida de los residentes. Según las denuncias recogidas por el portavoz popular, la ocupación ilegal de una vivienda ha desencadenado en este barrio un incremento de las peleas, los robos y el tráfico de drogas, generando una «pesadilla que se prolonga desde hace ya más de un año y sin visos de solución» ante la impotencia de los vecinos.
Ante este escenario, Miguel Martín ha subrayado la obligación del gobierno local de tomar medidas inmediatas. Sus propuestas pasan por un refuerzo de la vigilancia policial en el barrio a través de las patrullas locales, e instar al alcalde a solicitar a la Subdelegación del Gobierno un aumento de las medidas de seguridad para garantizar el orden público.
Una demanda reincidente
La propuesta de crear una oficina municipal de asesoramiento no es nueva para el PP de Vigo. Miguel Martín recordó que esta misma exigencia fue formulada en 2020 y reiterada en 2023. «¿Por qué en Vigo no? ¿De qué lado está el alcalde, del que ocupa o del que sufre las consecuencias de la ocupación?», cuestionó el portavoz, instando al regidor a posicionarse de forma clara en la defensa de los propietarios legítimos y de los vecinos afectados.
El modelo propuesto por la formación popular se basa en ejemplos exitosos ya implementados en ciudades como Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante o Barcelona. La oficina planteada integraría a los diferentes servicios municipales con competencias en la materia: seguridad, política social, asesoría jurídica y urbanismo. El objetivo es que este equipo multidisciplinar pueda analizar individualmente cada caso, ofreciendo información clara y soluciones viables a los afectados.
Además de asistir a los propietarios legítimos, el portavoz popular destacó que esta oficina serviría para orientar y acompañar jurídicamente a los vecinos que sufren las consecuencias indirectas de la ocupación, paliando el «desamparo» al que se ven sometidos actualmente. Miguel Martín concluyó con un llamamiento a la responsabilidad municipal: «No vale cruzarse de brazos, mirar para otro lado y sacudirse el problema. Porque este también es un problema municipal y requiere de una respuesta municipal».
