El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha exigido explicaciones al gobierno local después de que éste retirase del orden del día de la Junta de Gobierno de este viernes la aprobación de la segunda modificación del proyecto para los accesos al complejo Vialia desde la autopista AP-9.
El portavoz municipal ‘popular’, Miguel Martín, ha señalado que la aprobación del proyecto es «vital» para que los trabajos «se completen de una vez por todas». Sin embargo, ha censurado que se ha retirado del orden del día de la Junta «sin dar ninguna explicación ni justificación».
Martín ha recordado que, al respecto de ese proyecto, el Consello Consultivo emitió un dictamen preceptivo (aunque no vinculante) «demoledor», en el que advertía de la falta de «cobertura legal» para esa modificación al incurrir en un sobrecoste de casi el 23 %. Desde entonces, ha apuntado, Abel Caballero «no ha sabido cómo solventar este escollo» y «no hay certeza» sobre cuándo se retomarán las obras.
Fuentes municipales consultadas por Europa Press han avanzado que ese modificado (que supone un incremento del presupuesto de algo más de 2 millones de euros, se aprobará «en la próxima Junta de Gobierno», aunque no han detallado los motivos de la retirada de ese punto en la reunión de este viernes.
Modificación e informe del Consello Consultivo
El proyecto para realizar las conexiones del complejo Vialia con la autopista AP-9 se adjudicó parte del gobierno vigués en octubre de 2019 a la UTE Acciona-Narom por 9,2 millones de euros. En julio de 2021 se aprobó una primera modificación, que rebajó muy ligeramente el precio.
En noviembre de 2021, la dirección de la obra solicitó una segunda modificación del proyecto, tras la aparición de tierras contaminadas en el subsuelo. Las actuaciones ante esta eventualidad no previsible suponen un encarecimiento de unos 2 millones de euros con respecto al presupuesto inicial (casi un 23 %).
El Consello Consultivo dictó un informe desfavorable en el que, entre otras cuestiones, reprocha al Ayuntamiento que no suspendiera temporalmente las obras antes de solicitar su dictamen, o que el incremento del precio del contrato fue abonado a la UTE «a pesar de carecer de cobertura legal», porque la modificación no está aprobada, «incurriéndose por tanto en una ilegalidad manifiesta».
Los servicios jurídicos municipales han expresado su disconformidad con ese informe del Consello Consultivo, al que atribuyen una errónea interpretación de la norma con respecto a las condiciones de suspensión temporal de las obras.
Asimismo, estos técnicos del Ayuntamiento defienden la necesidad de concluir las obras por los perjuicios que causa el hecho de que no estén rematados esos accesos, tanto para el funcionamiento del propio complejo intermodal, como para el tráfico de las inmediaciones.
Entre otras cuestiones, también sostienen que la modificación del proyecto deriva de una situación que no se podía preveer (la aparición de tierras contaminadas) y que, en cualquier caso, la redacción del mismo corrió a cargo de Adif.
