Elena Muñoz ha destacado que esta “cifra supone un nuevo récord” tras incrementarse un 10% el número de contratos menores con respecto a 2016, lo que eleva el porcentaje de dichos contratos hasta el 96% durante el último ejercicio. “Más de 9 de cada 10 contratos realizados durante 2017 fueron menores”, incide.
Así, la portavoz popular ha recordado que esta es una forma de contratación “sin ninguna publicidad, sin concurrencia, en la que no se piden ofertas a varias empresas y en la que, por lo tanto, no hay ningún tipo de control”. “La discrecionalidad es máxima, estando incluso exentos de control por parte de la Intervención”, ha proseguido.
En este sentido, Elena Muñoz ha lamentado que esta práctica “se repita año tras años” demostrando que “no hay ningún tipo de planificación ni de coordinación”. “Es evidente que hay intención de contratar con determinadas empresas”, ha continuado, advirtiendo, también, que estos contratos, al final, “resultan mucho más caros” ya que, al no abrirse las ofertas a varias empresas, “te quedas con una que supone un mayor coste y renuncias a ver cuál es la más barata”.
En última instancia, detalla la popular, “son los vigueses quienes pagan esta forma de actuar” con unos “impuestos que suben año tras año”. “Entre gastos superfluos, contratos que se gestionan mal y concesiones que se aumentan, estamos pagando los impuestos más altos de Galicia”, asevera.
Práctica de “dudosa legalidad”
La portavoz popular ha indicado que esta es “una práctica que debe desaparecer, y que, de hecho, desaparece con la nueva ley de contratos”. Así, relata, “lo que el sentido común no ha logrado, lo conseguirá la nueva norma”, que “limita extraordinariamente este tipo de contrataciones”. No en vano, expone, además de reducir la cuantía de los contratos menores de 18.000 a 15.000 euros más IVA, sólo permite un contrato menor con el mismo adjudicatario una vez al año.
En este marco, Elena Muñoz ha recordado que ésta ya era una práctica de “dudosa legalidad” para la que había restricciones legales que su grupo está estudiando para comprobar “si se ha podido vulnerar la legalidad a través de múltiples fraccionamientos”. Y por ello ha exigido “explicaciones urgentes al alcalde”, a quien ha preguntado “qué sentido tiene”, por ejemplo, no hacer un concurso abierto para adjudicar los viajes institucionales, los artistas que pintan las medianeras o un contrato de informática que agrupe todos los servicios que se paguen de modo discrecional.
“Comenzábamos la semana alertando de la fiebre de contratación que le había entrado a este gobierno, con más de 25 millones y 23 licitaciones aprobadas en sólo 7 días para eludir la nueva ley de contratos. Y la terminamos con un récord de más de 2.212 contratos menores adjudicados a dedo”, ha concluido.
