La intención es que estas dependencias sean utilizadas como aulas de la UNED, a un precio de 45.263 euros mensuales durante los próximos 20 años, subrayó el PP, que remarcó que estos fondos públicos «se suman a los cinco millones que Caballero entregó a la concesionaria en el pasado mandato municipal, para equilibrar sus cuentas cuando la firma estaba prácticamente quebrada, y a la prórroga del contrato hasta los 60 años».
Por todo ello, la portavoz del PP, Elena Muñoz, manifestó que “el importe del contrato hace indispensable que el Concello abra un concurso púbico para explorar la mejor alternativa de ubicación y de precio”.
En opinión de Muñoz, la actuación del Concello, “que sigue gobernando para las concesionarias y no para los vigueses”, podría ser “manifiestamente irregular”. “Me parece una coincidencia muy curiosa que, sin concurso público por medio, el alcalde haya sacado la conclusión de que el único sitio que cumple los requisitos es el que está gestionado por una concesionaria cuya situación financiera es crítica”, apuntó.
Según asegura, el gobierno local no contempló en ningún momento la apertura de un concurso público que habilitase un período de concurrencia en el que el Concello tuviera la posibilidad de elegir entre las opciones más convenientes para la gestión del dinero de todos los vigueses.
“Se trata de detraer del erario público del Concello 657.223,84 euros al año y lo que procede es paralizar de inmediato este contrato y hacer las cosas como marca la norma y como dicta el sentido común y la responsabilidad de gobierno”, comentó Muñoz.
A juicio del PP, resulta fácil suponer que esta nueva y cuantiosa aportación económica del Concello tendría como finalidad última ayudar a mejorar la solvencia de esta empresa con cargo al dinero de todos los vigueses.
“Nos parece altamente cuestionable el tipo de acuerdo adoptado y la fórmula utilizada para la contratación, porque podría vulnerar la legalidad vigente y constituir un serio perjuicio para las arcas municipales”, concluyó Muñoz.