El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que se prevé incrementar el parque público residencial de Galicia, destinado mayoritariamente al alquiler social, en un 50%. El objetivo es alcanzar las 5.600 viviendas en este régimen en 2026, pero también se impulsará la construcción de vivienda protegida, poniendo a la disposición de cooperativas y promotores más suelo residencial ya urbanizado
«En la actualidad hay 3.800 viviendas (para alquiler social) y el objetivo es incorporar algo más de 1.800 inmuebles» en los próximos cuatro años, ha resaltado Rueda, antes de enfatizar que facilitar el acceso a la vivienda «es una prioridad» de la Xunta, especialmente en el contexto actual «con precios de alquileres altos y escasez de inmuebles en el mercado».
Rueda ha explicado que, para cumplir esta meta, la Xunta va a reforzar su apuesta por el desarrollo de inmuebles de promoción pública a través de diferentes vías, al tiempo que impulsará la construcción de viviendas protegidas por parte de promotores privados y cooperativas, para lo cual pondrá a su disposición suelo residencial de su propiedad allí donde se concentra la mayor demanda.
Estas son las líneas básicas de la estrategia diseñada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, abordada este jueves y que contará con un presupuesto global «de casi 250 millones de euros», de los que «el 70% son fondos propios de la Xunta y el 30% restante se financiará a cargo de los fondos Next Generation».
El parque público de la Xunta está integrado en estos momentos por 3.788 viviendas propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y de la empresa pública Xestur, que se adjudican en régimen de alquiler «a precios accesibles y regulados» entre las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Galicia.
Para reforzar el parque residencial de la Xunta, destinado mayoritariamente al alquiler, el objetivo de la Consellería en materia de vivienda de promoción pública –aquella que ejecuta directamente a través del IGVS sobre suelo público– es incorporar algo más de 1.800 inmuebles a la oferta actual, lo que supondría incrementar en casi un 50% el número de viviendas que tiene en propiedad a día de hoy.
En concreto, tal y como explicó el presidente, el mayor refuerzo vendrá de la mano de obras de nueva construcción: «959 viviendas promovidas por el IGVS en las grandes ciudades gallegas, y otras 260, por promotores privados y ayuntamientos» gracias a las nuevas ayudas convocadas en febrero para edificar viviendas destinadas a alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
Asimismo, ha garantizado que se va a seguir apostando por la rehabilitación a través de dos programas de éxito, como son el ‘Rexurbe’, creado en 2017 para comprar edificios en estado de abandono en cascos históricos para rehabilitarlos con el fin de obtener 157 viviendas; y las ayudas para recuperar inmuebles y edificios de propiedad municipal, que permitirán sumar al parque destinado a alquiler social en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 331 viviendas.
Además, la oferta inmobiliaria autonómica se completará con las 125 viviendas que la Xunta compró o va a adquirir a Abanca y a la Sareb.
Impulos a la vivienda protegida
En todo caso y de forma complementaria, la Xunta prevé dar «un gran impulso» a la vivienda protegida, es decir, aquella construida sobre suelo residencial público pero promovida por empresas privadas o cooperativas.
Concretamente, la Xunta pondrá a la disposición de los promotores interesados en hacer viviendas de protección oficial el suelo urbanizado que tiene disponible: 17 parcelas con capacidad para más de 1.000 viviendas.
Por otra parte, se seguirá trabajando en el acondicionamiento de suelo en Vigo (con casi 1.600 viviendas públicas y protegidas previstas en San Paio) y en A Coruña (promoviendo el cambio de uso a residencial de dos quinteros, en Xuxán, para incrementar en alrededor de 500 las viviendas proyectadas en este barrio).
Asimismo, se planificarán nuevos desarrollos de suelo público de la mano de los ayuntamientos para destinarlos la vivienda allí donde haya demanda.
Casi 250 millones
La Estrategia para la promoción de vivienda pública y el impulso de la vivienda protegida en Galicia se enmarca en el acuerdo suscrito a comienzos del año 2021 entre la Xunta y los principales agentes públicos y privados implicados en el sector residencial de la Comunidad.
El llamado Pacto social por la vivienda 2021-2025 constituye, desde entonces, la hoja de ruta para seguir en lo relativo a las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad. Para tal fin se marcan cuatro grandes líneas estratégicas de actuación.
La primera de ellas se centra en el acceso a la vivienda y se canaliza a través de la estrategia de la cual ha tomado razón este jueves el Consello da Xunta. La ejecución de todas las actuaciones y programas recogidos en ella, con el fin de reforzar la actual oferta de vivienda protegida en la Comunidad (tanto de promoción pública cómo privada), requerirá de una inversión global estimada que supera los 247 millones de euros.
De esta cuantía, la mayor aportación será la de la Xunta de Galicia, que asumirá con fondos propios cerca del 70% de la inversión prevista de aquí al año 2026 –es decir, casi 170 millones de euros–. Otros 58,5 millones de euros procederán de la Unión Europea a través del programa ‘Next Generation’, mientras que los 20 millones restantes serán fondos finalistas del Gobierno central.
