Así lo han aprobado este miércoles los grupos de la cámara gallega, que han solicitado de forma unánime que en el plazo de tres meses elabore un informe de viabilidad del rescate de la AP-9 para que vuelva a ser cien por cien pública. Ese estudio debería incluir el coste económico, el impacto que la recuperación de la concesión tendría en las tarifas y las alternativas para su financiación.
Además, el texto que ha salido adelante en el Parlamento de Galicia incluye otros puntos que han sido objeto de polémica en los últimos meses por culpa del mal servicio prestado por Audasa en la autopista, en especial en el puente de Rande, que todavía continúa en obras a pesar de la inauguración oficial del pasado diciembre.
Entre ellos se hallan la realización de una auditoría global sobre las “deficiencias del servicio que presta la concesionaria de la AP-9 y sobre las obras de ampliación del puente de Rande” y las consiguiente “apertura de expedientes informativos y sancionadores” a Audasa por las “reiteradas retenciones y atascos”. En este sentido, se insta al Gobierno central a aplicar “formas de compensación” a los usuarios.
Por supuesto, entre las reclamaciones de la cámara autonómica también se encuentra la transferencia de la titularidad de la infraestructura, que ha vuelto a ponerse sobre la mesa después de que el actual Ejecutivo “levantase sus reservas” al respecto.
Finalmente, se aprobó igualmente incluir en las peticiones que el Ministerio de Fomento haga “las actuaciones necesarias” para contener la subida de los peajes y para que las futuras obras que se realicen no repercutan de forma directa en el bolsillo de los conductores sino que sean sufragadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.