El juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Vigo ha inadmitido, por falta de legitimación activa, el recurso interpuesto por el Concello de O Porriño contra un acuerdo plenario de Vigo, que actualiza los precios de los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras de captación de agua y el abastecimiento. En base a este concepto, el Concello olívico reclama al porriñés casi 6 millones de euros de pagos pendientes desde hace varios años.
En su sentencia, el juzgado inadmite el recurso presentado porque no se han cumplido los preceptos legales, ya que no se ha acreditado que la decisión de interponer este recurso hubiera sido adoptada por el órgano competente (el Pleno, o en caso de urgencia, que aquí no se ha probado, por el alcalde); y, además, la decisión de litigar debe ser anterior a la presentación del recurso, condición que tampoco se ha cumplido.
El magistrado, en su resolución, también afea al recurrente una serie de irregularidades en este proceso. Así, expone que, tras la interposición del recurso, aportó un informe jurídico «carente de fecha y firma» del que se desconoce su autoría. Igualmente, se aporta un decreto del alcalde, que también carece de firma y del que «no llega a expresarse quien lo manda y firma digitalmente».
Por otra parte, el juez advierte de que «hay algo extraño» en la documentación presentada, como es el hecho de que el supuesto informe jurídico que avalaría la interposición del recurso es «de la misma fecha que la notificación del acto impugnado». «Pero más inexplicable resulta que, siendo el ‘informe jurídico’ del 31 de marzo de 2023, la resolución de la Alcaldía no llegue hasta más de dos meses después, en junio de 2023 (después de la interposición del recurso)», recoge la sentencia.
El magistrado insiste en que «no es absoluto concebible» que el recurso presentado no mencione la existencia de una decisión expresa de la Alcaldía para autorizarlo y constata que «la única explicación posible» es que dicha resolución del alcalde fue posterior a la presentación del recurso.
En cualquier caso, y al margen de estas cuestiones, el juzgado ha resuelto inadmitir la reclamación del Concello de O Porriño y ha impuesto las costas al recurrente.
«El juzgado acaba de darnos la razón»
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, por su parte, ha celebrado esta sentencia como una nueva victoria de la administración local viguesa. «El juzgado acaba de darnos la razón», ha proclamado, y ha subrayado que la sentencia avala la decisión del pleno del Concello olívico de actualizar los precios que se cobran por la captación y el abastecimiento del agua que se lleva a O Porriño, unos precios que estaban sin actualizar desde hacía 25 años.
Según ha explicado el regidor, aunque otros gobiernos locales porriñeses anteriores fueron haciendo pagos de la deuda, el gobierno actual, de Alejandro Lorenzo (PP), «decidió no pagarle nada al Concello de Vigo». De hecho, Vigo presentó una alegación al presupuesto local de O Porriño, pero no fue admitida.
«No puede ser que la gente de Vigo pague la traída de agua de O Porriño, no puede ser. Lo tendrán que pagar los de O Porriño (…) Queremos que la pague O Porriño, como corresponde y este ayuntamiento ha decidido no pagar. Pues acaban de perder otra sentencia. Vigo no va a pagar los gastos que le corresponden a O Porriño, de ningún modo», ha zanjado Abel Caballero.
