«No se comparte la convicción de la administración autonómica de que el Concello de Vigo eludió su responsabilidad de control sobre la concesionaria, que es la base y fundamento de la sanción impuesta». Así se pronuncia el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo en la sentencia en la que estima el recurso municipal y deja sin efecto una sanción de 10.500 euros impuesta por la Consellería de Sanidade a raíz de los incendios y la sequía del año 2017.
Según recordó este lunes en rueda de prensa el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el Ayuntamiento había sido sancionado por la Xunta por la supuesta comisión de una infracción grave por falta de control y vigilancia de la concesionaria del servicio municipal de aguas. El Gobierno autonómico pretendía sancionar al Concello por no cumplir con su deber de solucionar los problemas que detectó la concesionaria en los análisis de agua durante la situación de sequía que vivió la ciudad a finales de 2017.
La administración municipal recurrió esa sanción ante el Juzgado Contencioso, que ahora acaba de declarar que no existió tal incumplimiento y que el Ayuntamiento «ejerció adecuadamente el control que le correspondía». La sentencia señala que cabe recurso de apelación ante la sala del contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG).
En el fallo, el juez aclara que ya existe una sentencia de 11 de junio del 2019 en el que se estima parcialmente el recurso municipal contra cuatro sanciones de la Xunta por la ausencia de certificación del Laboratorio Municipal, la falta de determinación de metales en las analíticas de control, la ausencia de notificación a la autoridad sanitaria de los supuestos constatados de agua no apta para el consumo y por la no disponibilidad de las analíticas del grifo de consumidor de la zona Eiras-Zamáns.
«Recayó sentencia el 11 de junio de 2019 en cuya virtud, estimando en parte la demanda interpuesta por el Concello, se redujo la cuantía de una de las sanciones graves y de la leve», explica el magistrado.
Ahora, respecto a la sanción por la supuesta falta de control de la gestión de la concesionaria, la sentencia explica que técnicos del Concello y de la empresa estuvieron en permanente contacto para tomar las decisiones, por lo que desestima la multa.
