El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha remitido ya sus alegaciones en respuesta a la segunda carta de emplazamiento de la Comisión Europea, en el marco del expediente de infracción por la ampliación irregular de la concesión de la AP-9 (al no haberse convocado una licitación pública), y ha esgrimido que dicha ampliación, aprobada por un gobierno de José María Aznar en el 2000, se ejecutó cuando la concesionaria era una empresa pública.
El departamento que dirige Óscar Puente, que tenía de plazo hasta este sábado para responder a esa carta de emplazamiento, ha aportado toda la información justificativa para defender ante Bruselas su posición: evitar el rescate de la autopista por el coste que supondría para las arcas públicas (cifrado en su momento por el propio ministro en unos 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 2.000 millones en caso de que se formalizase la transferencia a Galicia).
En su respuesta a la Comisión, el Gobierno trata de despejar dudas sobre esa ampliación, una decisión que, recuerda, fue tomada por un gobierno del PP hace más de 20 años, y que ha llevado a la situación actual.
Al respecto, expone que sus políticas de movilidad y reequilibrio territorial van en la dirección contraria de decisiones como la adoptada por ese gobierno de Aznar, pero también subraya que, aunque no comparta esa decisión política, es su responsabilidad velar por el interés general, en alusión al alto coste que supondría tener que anular la concesión, en manos de un operador privado (Audasa), con el consiguiente pago de las compensaciones.
Con todo, ha reiterado que, en el momento de producirse la modificación y prórroga del plazo de concesión, la sociedad concesionaria era patrimonio del Estado, a través de ENAUSA (Empresa Nacional de Autopistas).
Este argumento ya fue esgrimido por el Gobierno en su momento, en respuesta a una primera carta de emplazamiento de la Comisión por este asunto, y en aquel momento las autoridades europeas ya dejaron claro que no iba a acoger esta justificación –la llamada ‘excepción in house’, por tratarse de una operación interna en el ámbito público–, ya que había una clara intención de privatizar la autopista, y el objetivo de la ampliación de la concesión era aumentar su valor.
Tras recordar que la concesión se amplió en 25 años para compensar la construcción del tramo Fene-Ferrol, la liberación del peaje para movimientos internos en el tramo Vigo-Teis-Puxeiros, y la consolidación de la rebaja de tarifas del 33%, el Gobierno ha defendido su actuación en el ámbito de la aplicación de bonificaciones para reducir el impacto de los peajes en los usuarios.
Según recuerda el Ejecutivo, en julio de 2021, se aprobó un nuevo esquema de bonificaciones para la AP-9 que, ha incidido, ha permitido a los usuarios ahorrarse más 127 millones de euros hasta final de junio de 2024, una media de 3,6 millones de euros al mes. Además, abunda en su respuesta a la Comisión, los usuarios de los tramos Vigo-Morrazo y A Coruña-Barcala se han ahorrado, desde 2018 hasta final de 2023, unos 83 millones de euros.
Igualmente, desde el 1 de enero de 2023 se ha aplicado una subvención para limitar la subida de las tarifas en todas las autopistas por la revisión anual del IPC. En el caso de la AP-9, los usuarios se han ahorrado hasta junio de 2024 unos 15 millones de euros en peajes.
En-Colectivo urge el rescate
Está por ver si esta segunda respuesta del Gobierno convence a las autoridades europeas, mientras, la asociación de consumidores En-Colectivo, que fue la que presentó denuncia por la prórroga irregular de la concesión, sigue insistiendo en la necesidad de rescatar la autopista y ha advertido de que al Ejecutivo «ya no le queda argumentación» para defender el mantemiento de dicha concesión.
Su presidente, Diego Maraña, ha reiterado en los últimos días que la Comisión Europea no acepta la ‘excepción in house’, y que el rescate sería menos gravoso, aunque hubiera que indemnizar a Audasa, que seguir pagando hasta finales de 2048, fecha en la que expira esa prórroga. La compensación, ha remarcado, sería mucho menor que la apuntada por el Gobierno, ya que, en 56 años, solo se ha amortizado el 40 % de la autopista, al destinarse mayoritariamente los ingresos a beneficios.
El presidente de En-Colectivo ha lamentado que el Gobierno no haya cumplido el compromiso adquirido con el BNG en el acuerdo de investidura, «dejando a los gallegos de últimos, mientras que le da todo a Cataluña».
