Cinco años ha necesitado el gobierno local para resolver el contrato de explotación de la cafetería del Concello de Vigo, adjudicada en junio de 2020 y que nunca llegó a abrirse. No solo siguió cerrada, sino que el contratista no abonó ni una sola de las mensualidades del canon y tampoco presentó nunca el proyecto de reforma de las instalaciones que se le exigía por contrato. La empresa justificó la ausencia de actividad por el varapalo económico sufrido a consecuencia de la pandemia de Covid.
La cafetería, ubicada en el sótano de la casa consistorial, permanece cerrada desde hace más de una década y, de hecho, ahora el lugar está parcialmente ocupado por la oficina administrativa de la Policía Local, por lo que no parece que vaya a licitarse un nuevo concurso para devolver su antiguo uso a estas instalaciones.
Sin embargo, antes de su cierre, la cafetería era un punto de encuentro habitual tanto para los funcionarios como los ciudadanos que acudían a realizar trámites en el Concello.
Por eso, años después de vencer el anterior contrato, en enero de 2017, el gobierno local licitó la explotación de la cafetería y la instalación de máquinas expendedoras en el edificio consistorial con un canon anual y un plazo de 14 años y cinco meses, sin posibilidad de prórroga.
Esos cinco meses eran el plazo que otorgaba el Concello para que la firma que resultase adjudicataria presentase el proyecto de reforma del local, ejecutase las obras y pudiese poner en funcionamiento el local.
En 2017, fueron once las empresas que se presentaron a un proceso que se complicó tanto que no fue hasta 2020 cuando se firmó el contrato con la adjudicataria, tres años después, en plena pandemia de Covid.
Estrategia para optar al concurso
Así, la primera candidata fue Oh Vigo, que fue descartada del proceso porque no presentó la documentación requerida para poder formalizar el contrato. Tras la exclusión de la mejor posicionada, la que estaba en segundo lugar era Vigo Eventos, a la que se le ofreció el contrato.
Sin embargo, poco después fue también expulsada del procedimiento porque se comprobó que compartía con Oh Vigo el mismo objeto social, el mismo socio, el mismo representante legal y también el correo electrónico. No solo eso, sino que también compartían una condena tras la demanda interpuesta por los mismos 17 trabajadores dados de alta en ambas.
La estrategia de sus responsables había sido presentar una buena oferta en una de las propuestas, con un canon de más de 40.000 euros, y una mucho más baja, de 16.000, en la segunda. Al quedar elegida la más favorable al Concello, esta se echaría a un lado y dejaría que la más ventajosa para la empresa ocupase el lugar. Así lo consideró el gobierno local, que a la vista de lo ocurrido vio que se incumplían las condiciones del pliego y excluyó a las dos del concurso.
El contrato, para la tercera clasificada
El proceso ya había llegado a mayo de 2018 y el gobierno local propuso el contrato a la tercera clasificada, Restauración A52, que había ofertado un canon anual de 8.520 euros, frente a los 41.300 ofertados por Oh Vigo y los 16.100 de Vigo Eventos.
En su oferta, la empresa se comprometía a instalar 15 máquinas de dispensación de café, seis fuentes de agua mineral y otras cinco máquinas de snacks en las instalaciones municipales, casi al límite del mínimo solicitado en el pliego.
Además, como adjudicataria, la empresa debía afrontar la reforma de las instalaciones de la cafetería y comedor, con una superficie de 344 metros cuadrados a las que sumar la terraza. La obra, tasada en unos 61.500 euros (IVA incluido), se haría a partir de la memoria realizada por los arquitectos de la oficina de obras y proyectos municipales, planteando la mejora en aspectos como la accesibilidad, los acabados, las instalaciones o la protección contra incendios.
El contrato, que también incluía la limpieza diaria de las instalaciones, no fue formalizado hasta dos años después, en junio de 2020, y tras las obras la empresa adjudicataria reabriría el local y prestaría el servicio en horario de mañana y hasta la finalización de la jornada. Sin embargo, la empresa no solo no realizó las obras, sino que ni siquiera llegó nunca a presentar el proyecto de éstas, por supuesto tampoco las llevó a cabo ni tampoco abonó ni un solo pago del canon.
De hecho, el adjudicatario solicitó una ampliación del plazo para presentar el proyecto, ejecución de las obras y puesta en marcha del local, fijado inicialmente en cinco meses y que fijaba el límite en noviembre de 2020. No fue hasta enero de 2021 que se presentó el anteproyecto de las obras y diez meses después el Concello aprobó introducir variaciones en la memoria presentada por los arquitectos del Concello.
Un año después de entregar ese anteproyecto, en enero de 2022, se le reclamó el proyecto básico de ejecución para realizar las obras acordadas, con las modificaciones también incluidas, pero Restauración A52 volvió a pedir una ampliación del plazo hasta junio de ese mismo año.
Ningún pago del canon en todo este tiempo
Es entonces cuando, desde el gobierno local, deciden tomar cartas en el asunto y crear un expediente de diligencias previas, a partir del cual se percatan de que el contratista no puede afrontar la apertura del local «debido a razones económicas derivadas de la pandemia y al aumento indiscriminado de los precios de la electricidad, combustibles y productos alimenticios». Esto ocurre en mayo de 2022, dos años después de firmarse el contrato. Además, la Tesorería municipal emite un informe señalando que el contratista no ha ingresado ningún canon mensual en todo este tiempo, por lo que, en agosto, cinco años y medio después de lanzar el concurso, se toma la decisión de resolver dicho contrato e iniciar un proceso sancionador contra Restauración A52.
La empresa se mostró conforme con la liquidación del contrato, pero no que fuese por el incumplimiento de sus obligaciones, ya que insiste en «razones económicas, como fue la bajada brutal de la facturación, derivadas de la pandemia COVID-19 y el actual aumento indiscriminado de los precios de la electricidad, combustibles y productos alimenticios». Así, alega que dicha situación produjo en la empresa «unos efectos económicos negativos muy cuantiosos». Por ello, justifica dicho incumplimiento por la «modificación sustancial por un tiempo prolongado de las condiciones que regían nuestro sistema social y económico» desde la fecha de 12 de Junio de 2020, en la que se otorgó el contrato administrativo.
«Las circunstancias en la que nos encontramos no sólo son excepcionales, si no muy extraordinarias y afectan de manera tal a la desaparición de la base objetiva del negocio, que lleva a una alteración tan radical e imprescindible que abre paso, por razones de equidad y objetividad, a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus”, sostuvo la empresa, que reclamaba por lo tanto liquidar el contrato ante la total imposibilidad de llevarlo a cabo, pero sin que supusiese ningún perjuicio para sus intereses.
El proceso para resolver el contrato caducó dos veces
En noviembre de ese año, 2022, el gobierno local propuso incautar la fianza que había sido depositada previamente, de 20.000 euros, sin que Restauración A52 presentase alegaciones al respecto.
Sin embargo, en enero de 2024 tuvo que declarar la caducidad del procedimiento de resolución y su archivo, abriendo acto seguido uno nuevo, manteniendo que la causa era el incumplimiento del contratista, lo que fue nuevamente alegado por esta última. De nuevo volvió a caducar el procedimiento y en abril de este año se inició por tercera vez, incautando la garantía depositada y sin que, esta vez, el contratista presentase alegaciones. La junta de gobierno local del pasado 16 de mayo, hace apenas dos semanas, dio el visto bueno al acuerdo.
