Este miércoles, el parque de Bomberos de Coruxo ha permanecido cerrado por octava jornada consecutiva, un cierre que proseguirá con probabilidad por el «caos organizativo» del Concello de Vigo a la hora de gestionar el servicio, con «atraso en las ofertas de empleo» y su alternativa de «tirar de horas extraordinarias».
Así lo ha denunciado este miércoles el sindicato CIG, que se ha sumado una vez más a las quejas de los representantes de CUT, el sindicato mayoritario en el servicio de Bomberos, pero sin representación en el comité de personal del Concello.
En una nota de prensa, la CIG ha responsabilizado de la situación a la Corporación municipal y «principalmente» al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la «extremada situación de riesgo que esto está provocando no solo para los ciudadanos de Vigo, sino también para los integrantes del propio servicio».
En su comunicado, la CIG subraya que «es más que evidente que están comprometidos seriamente los tiempos de respuesta ante una emergencia por parte del servicio de extinción de incendios». «El número de efectivos disminuye también la contundencia necesaria en los primeros momentos de cualquier tipo de incidencia», recuerdan.
De ello, por tanto, han responsabilizado al gobierno local, «con el alcalde a la cabeza por crear esta situación de caos y colapso organizativo del SPEIS, resultado de un crónico atraso en la convocatoria de las diferentes ofertas de empleo, amparándose para poder hacerlo en mantener de una forma prolongada en el tiempo a base de los servicios extraordinarios».
Por ello, lamentan que esta corporación «no invierta la energía precisa para resolver este gravísimo problema» y solicitan que se le dedique «al menos, la misma intensidad que dedica a la organización de eventos de carácter mediático y festivo porque la situación es seria y requiere de una pronta y definitiva solución».
Respecto al acuerdo aprobado por la junta de gobierno local el pasado 9 de agosto y aceptado por el resto de sindicatos con representación en el comité de personal del Concello, la CIG –que votó en contra en la mesa de negociación–, ha señalado que no reconoce la jornada real de los integrantes del servicio como funcionarios de carrera de la misma forma que el resto de trabajadores del Concello de Vigo, ni el derecho al disfrute de los integrantes de la pausa establecida por ley por cada fracción de ocho horas.
Además, añade, «no resuelve de manera ágil –a corto o medio plazo– el colapso organizativo del servicio ya que, remarcan, para ello serán precisos entre 5 y 6 años para contar con el cuadro de personal propuesto por la mecánica y plazos precisos de acuerdo con la ley para poner en marcha las diferentes convocatorias y porque están también supeditadas año a año a la ley presupuestaria de carácter estatal.
Por todo ello, la CIG advierte de que esta prolongación en el tiempo de una solución real «aumenta el riesgo de exposición y carga de trabajo de los integrantes del servicio en el contexto de una profesión eminentemente peligrosa».
«Tras una desastrosa historia contrastada y demostrada de apuesta por las horas extra en formato cronificado por parte de la Corporación municipal, nos volvemos a encontrar en un punto de partida, de ver cómo nuevamente la administración municipal vuelve a jugar con fuego, refiriéndonos a las horas extras, con el grandísimo peligro de su perpetuación en el tiempo y la reproducción de automatismos y ciclos viciosos».
