La concejal de Urbanismo de Vigo, María José Caride, ha explicado este martes que la zona de Cabo Estai, en el litoral de la parroquia de San Miguel de Oia, donde se proyecta la construcción de varios chalés de lujo, ya era suelo urbano en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1993 y en el de 2008, «el plan del BNG y el PP», y que lo seguirá siendo en el nuevo planeamiento urbanístico que se está tramitando.
En unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios, Caride ha subrayado que el nuevo PGOM, que está pendiente de su aprobación provisional (tras la aprobación inicial, en agosto de 2021) no hace más que mantener la clasificación del suelo en ese ámbito, también contemplada en el Instrumento de Ordenación Provisional, y ha rechazado las acusaciones de «pelotazo» del BNG.
Al respecto, ha insistido en que la zona ya era suelo urbano «de licencia directa» en el PGOM de 2008, un planeamiento que atribuye al BNG y al PP, aunque ese plan fue aprobado siendo Abel Caballero alcalde, y tras introducirse las modificaciones que el gobierno local, entonces de PSOE y BNG, consideró oportunas (entre ellas, el aumento de vivienda protegida).
Ese Plan General, de cuya seguridad jurídica presumió el propio Caballero, que llegó a decir que su aprobación había sido «el logro más importante» de Vigo ese año, fue anulado en 2015 por el Tribunal Supremo, debido a que la Consellería de Política Territorial (precisamente dirigida por María José Caride en aquel momento) avaló la innecesariedad de someterlo a evaluación ambiental estratégica.
Con todo, la edila socialista de Urbanismo no ha aclarado por qué en el PGOM aprobado inicialmente en agosto de 2021 esa área figuraba como suelo rústico de especial protección de costas. De hecho, el secretario municipal emitió un informe acerca de un polémico vial que se estaba ejecutando en la zona, declarando que no se ajustaba a la legalidad, como tampoco eran legales las licencias para agrupar unas parcelas en la zona, en las que se proyecta la construcción de chalés de lujo.
El alto funcionario señalaba que una de las licencias estaba vinculada a una parcela generada fuera de la legalidad y, además, tanto el nuevo PGOM (el aprobado inicialmente) como el Plan de Ordenación del Litoral la clasificaban como suelo rústico costero de especial protección. Además, añadía, que la construcción de cinco chalés en ese «frágil» espacio natural «no observa el canon mínimo de adaptación al ambiente».
En todo caso, María José Caride ha defendido que el nuevo PGOM mantiene la clasificación del suelo en esos terrenos, y ha subrayado que este planeamiento recoge las necesidades de la ciudad, con la garantía de un 37 % de ámbitos de vivienda protegida, suelo industrial, equipamientos, infraestructuras y dotaciones, y que es «tremendamente respetuoso» con el entorno.
«Que nadie se equivoque, no busca la especulación, sino que promueve actuaciones responsables, equitativamente distribuidas», ha proclamado, y ha añadido que, con este gobierno local, «se acabó la especulación».
