«El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a adoptar las medidas necesarias para que la isla de Toralla sea de accesibilidad pública de acuerdo con el contemplado en la normativa de Costas». Así de rotundo se ha manifestado este miércoles el Gobierno a través del departamento que dirige la ministra Teresa Ribera.
Tras un largo silencio, el Ejecutivo central ha reaccionado de este modo ante las reivindicaciones y protestas ciudadanas y de colectivos sobre el acceso libre a la isla viguesa. Lo ha hecho en la misma semana en la que medios de comunicación de ámbito nacional –La Sexta y Newtral– se hiciesen eco del conflicto, recordando que en la que es una de las ocho islas privadas de España se incumple la Ley de Costas.
De hecho, la esperada intervención por parte del Gobierno llegó al día siguiente de la publicación del reportaje en Newtral y de la emisión del reportaje sobre el mismo tema en el programa La Sexta Clave.
Y ha sido a través de una respuesta a la pregunta realizada el pasado mes de julio por la senadora del BNG, Carme da Silva, que reclamaba al Gobierno que se recupere como espacio público y se garantice la entrada a los ciudadanos.
«La desprotección de la isla y su caótica urbanización llegó hasta el extremo de construir un edificio de veinte pisos«, decía entonces Da Silva, que insistía en que, aunque Toralla esté «privatizada», la Ley de Costas recoge que ésta debe ser accesible al tránsito público en las zonas de servidumbre y de dominio público terrestre.
El Gobierno interviene
La Dirección General de la Costa y el Mar, añade el esperado escrito dirigido a Da Silva, «es consciente de las limitaciones existentes en la isla de Toralla en relación con la efectividad de la servidumbre en tránsito, y trabaja en una solución para revertirlas».
Recuerda además que «cabe señalar que en el Servicio Provincial de Costas no consta la existencia de un proyecto redactado para la «Recuperación del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y la apertura al tránsito en la isla de Toralla».
En todo caso, añade, «la habilitación de la servidumbre de tránsito en la isla de Toralla es uno de los objetivos presentes de la Dirección General de la Costa y el Mar, en el cual trabaja a través del Servicio Provincial de Costas en Pontevedra».
El documento hace referencia asimismo al artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre uan franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. «Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos», recuerda.
Por ello, concluye el escrito, fechado este miércoles, 9 de octubre, que desde este departamento ministerial se van a «adoptar todas las medidas necesarias» para que Toralla vuelva a ser, más de medio siglo después, «de accesibilidad pública».
Impacto en medios nacionales
La respuesta del Ministerio llegaba al día siguiente de que Newtral publicase un adelanto de la misma, avanzando que «la habilitación de la servidumbre de tránsito (…) es uno de los objetivos presentes de la Dirección General de la Costa y el Mar».
Según indicó este medio, el Servicio Provincial de Costas «está trabajando en la licitación del contrato de servicios que permitirá la apertura de la servidumbre de tránsito». Esto es, la zona de 6 metros de ancho que se extiende desde la orilla del mar hacia el interior.
Para que esto sea posible, añadieron las mismas fuentes, se están «analizando los condicionantes técnicos, jurídicos y administrativos que permitan llegar a la mejor alternativa».
Reacción de los vecinos
«Algo se está moviendo en el Ministerio», celebraba este jueves el presidente de los vecinos de San Miguel de Oia, Ángel Goberna. Esta asociación, al igual que la de la vecina parroquia de Coruxo, lleva décadas demandando el acceso libre a la ínsula y, en los últimos meses, han pasado a la acción.
Acompañados por colectivos ecologistas, han puesto en marcha vistosas movilizaciones bajo el lema de «la reconquista de Toralla» para dar a conocer el conflicto que mantienen desde hace años con los propietarios de la exclusiva zona, una de las más caras de Vigo, y en manos de una sociedad anónima: Toralla S.A.
De hecho, fue a raíz de las protestas vecinales cuando una sentencia judicial, hace veinticinco años, la que permitió que los vigueses que no se encontraban entre el selecto grupo de unos 170 propietarios de Toralla, pudiesen igualmente disfrutar de sus playas.
La sentencia del Tribunal Supremo, por tanto, daba en 1997 la razón a las reivindicaciones. Sin embargo, los mismos que ganaron en los tribunales vieron como, inmediatamente, la garita y la barrera instalados en la playa de O Vao y que habían impedido cruzar el puente hasta ese momento se trasladaban de inmediato al comienzo de la isla, vetando a partir de entonces el paso al interior.
Nada nuevo (o casi nada) ha pasado desde entonces. De hecho, en el año 2008 el Ministerio aprobó un «proyecto de Recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), así como la apertura al acceso a la isla«. Sigue pendiente, al igual que la creación de una senda litoral.
Ahora, tras la reacción desde el Ministerio, los vecinos ven más cerca la posibilidad de que se atiendan sus reivindicaciones y las instituciones tomen cartas en el asunto. La respuesta del Gobierno no solo no les frenará, sino que les ha dado alas para continuar con más fuerza. «Las movilizaciones sirven mientras persistan», han señalado.
