El gobierno municipal de Vigo ha salido al paso de las críticas del grupo del PP sobre la falta de respuesta a las miles de alegaciones presentadas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, (PXOM) y ha recordado que la legislación establece que esas reclamaciones deben ser respondidas después de la aprobación definitiva del documento urbanístico.
Así lo ha manifestado la concejal responsable de Urbanismo, María José Caride, en una grabación remitida a los medios en la que ha lamentado que los ediles ‘populares’ no aprovechen las vacaciones para «leerse la ley del suelo de Galicia». Así, ha incidido, «verían que el momento en el que los ayuntamientos deben dar respuesta caso a caso a las alegaciones es después de la aprobación definitiva».
«Hasta ese momento, pueden incorporarse algunas modificaciones derivadas de los informes sectoriales de la Xunta o del Estado, que podrían hacer que algunas alegaciones fueran aceptadas o rechazadas», ha explicado.
María José Caride también ha aseverado que «es una pena» que los concejales del PP «no aprovechen su influencia sobre la Xunta» para instarla a «agilizar la tramitación del PGOM de Vigo». Al respecto, la responsable de Urbanismo ha insistido en que el Ayuntamiento lleva «12 meses a la espera de informes favorables» de la administración autonómica.
Además, ha acusado a la actual portavoz municipal del PP y anterior delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, de haber tenido «retenido y escondido en un cajón durante más de un mes» un informe negativo de Patrimonio, a la espera de que «le viniese bien» darlo a conocer públicamente en una rueda de prensa.
Ahora, ha añadido Caride, el Plan de Vigo ya tiene el informe favorable de Patrimonio y «solo está pendiente» de completar la tramitación de la declaración de impacto ambiental. «Cuando la tengamos, procederemos de forma inmediata a la tramitación de la aprobación provisional (cuyo plazo expira el 22 de septiembre)», ha aseverado.
Respuesta de la Xunta
Ante estas manifestaciones, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha mostrado su «sorpresa» porque Caride se exprese en esos términos «el mismo día precisamente que el Ayuntamiento remite la documentación que no ha enviado hace un mes, como era preciso para acelerar la aprobación medioambiental».
«Es alarmante que la responsable del urbanismo vigués acuse a otra administración de no cumplir los plazos, el mismo día que envía una documentación que ya tenía que estar adecuadamente presentada el pasado 24 de julio», ha apuntado, y ha recordado que hace solo dos días que el alcalde, Abel Caballero, habló de «tener la mano» a la Xunta.
Ortiz ha recordado que para la emisión de los informes autonómicos de la Axencia Galega de Infraestruturas y de Patrimonio fue necesario esperar más de un año para que el Ayuntamiento atendiera los requerimientos y correcciones demandadas, mientras que la Xunta «nunca superó el plazo legal de 3 meses» para emitir sus informes.
Para la evaluación ambiental, ha añadido, la Xunta analizó en tres días hábiles la documentación remitida el 24 de julio «con deficiencias» y solicitó la subsanación al cuarto día.
Ana Ortiz ha explicado que, en la tramitación del PGOM vigués, se han ido encontrado «nuevos defectos» y los técnicos autonómicos se han reunido con los municipales para «solucionar los errores que provocan informes desfavorables».
Finalmente, ha insistido en que, si el nuevo planeamiento urbanístico de Vigo no está aprobado aún, «es por los intereses electorales de su alcalde, que paralizó los trámites durante los meses de precampaña y campaña de las elecciones municipales».
