El exfuncionario del Concello de Vigo condenado a cinco años y tres meses de prisión por la contratación de una cuñada de la teniente de alcalde y actual presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha solicitado un indulto y la suspensión de la orden de entrada en prisión.
El trabajador, de 65 años, fue condenado primero por la Audiencia Provincial de Pontevedra por prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad de documento mercantil, sentencia que fue confirmada el pasado 24 de noviembre por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo por haber colocado a una cuñada de Silva en una empresa concesionaria en la que cobró por no efectuar labor alguna.
En el escrito que su letrada ha remitido al Ministerio de Justicia para solicitar la medida de gracia, el hombre alega que es un «delincuente primario» y que ha reparado el daño causado al haber pagado la parte de la multa que le correspondía. El hombre fue condenado a pagar 108.000 euros al Ayuntamiento de Vigo, de los cuales 54.000 de responsabilidad civil ya han sido abonados al Ayuntamiento.
Añade que tiene una trayectoria intachable como trabajador público, que está concienciado con los derechos sociales, como demuestra su afiliación al sindicato UGT y al PSOE, y que es padre de familia con abuelos y nietos, además de haberse casado el año pasado con su pareja.
Su letrada asegura que se muestra «profundamente arrepentido de lo que hizo» y el hecho de cumplir una pena de prisión no le beneficiaría ni a él, puesto que no serviría no para su reinserción o rehabilitación, ni a la Administración que resultó perjudicada por su conducta.
En consecuencia, solicitó el indulto ya en diciembre del año pasado y ahora, en tanto que no se resuelta, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Pontevedra la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.
