Todos los ayuntamientos de España con más 50.000 habitantes deberán empezar 2023 con una zona de bajas emisiones (ZBE) en vigor. Vigo lo sabe y por ello comenzó la tramitación recientemente. Por ejemplo, en enero se abrió un periodo de consulta pública para captar sugerencias. A continuación, se inició la elaboración del borrador de la normativa, que ya está listo. Sin embargo, el Concello ha decidido pausar su creación ante el varapalo judicial sufrido en Barcelona.
Allí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en marzo la ordenanza municipal que establecía los lugares declarados como zonas de bajas emisiones. A ellas solo pueden entrar los vehículos que dispongan de la etiqueta correspondiente en un horario determinado (de lunes a viernes de 07.00 a 20.00 horas). Esas etiquetas se conceden en función de la antigüedad o las características de cada automóvil. El color del distintivo también varía según parámetros de contaminación. La idea es ir restringiendo de forma progresiva los accesos de aquí a 2030 en todas las urbes de país.
El Concello de Vigo tenía preparado su borrador para aprobarlo inicialmente y luego someterlo a exposición pública, pero este dictamen judicial ha hecho reflexionar a la administración local. En Praza do Rei consideran más prudente pausar la tramitación y buscar asistencia técnica especializada para que no suceda lo mismo que en Barcelona. Por tanto, de momento el Ayuntamiento prefiere no desvelar el contenido de la normativa que estaba preparando.
A pesar de todo, en Barcelona se mantiene vigente la zona de bajas emisiones actual porque la sentencia se ha recurrido y se ha denegado su ejecución provisional. La sala de lo contencioso del alto tribunal catalán rechazó la petición de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias para que el fallo se aplicara de forma inmediata, sin esperar a que sea firme.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también avisó este viernes de que muchas ciudades se están encontrando con dificultades para cumplir con los plazos, que apremian a aprobar esta regulación de forma definitiva en 2022. “No es nuestro caso”, aclaró el también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero sí hay otras localidades que están apreciando la “imposibilidad” de llegar a tiempo a los periodos establecidos.
Las etiquetas
La Dirección General de Tráfico ha establecido una clasificación del parque de vehículos con el objetivo de discriminar positivamente aquellos más respetuosos con el medio ambiente. Así, se establecen cinco categorías, según su potencial contaminante: Sin Etiqueta, B, C, Eco y Cero emisiones.
Los automóviles sin etiqueta son aquellos que usan gasolina y fueron fabricados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006, que sufrirán las limitaciones de forma más inminente. El resto dependen de la normativa europea que tengan (de Euro 1 a Euro 6). La web de la DGT dispone de un apartado para consultar qué etiqueta corresponde a un vehículo introduciendo la matrícula.
