“El Concello no denunció ningún tipo de infracción, fue la concesionaria la que tomó la decisión de tomar la vía de la denuncia voluntaria. A nosotros nos llegan firmadas por ella y las trasladamos a la Jefatura Provincial de Tráfico, no podemos hacer otra cosa”. Así defendió este jueves el concejal de Tráfico, Carlos López Font, la postura del ayuntamiento tras la alerta hecha pública el día anterior por la CIG sobre las sanciones que comenzaban a llegar a usuarios y trabajadores del Hospital Álvaro Cunqueiro.
“La concesionaria amplió su estrategia y fue el Sergas el que denunció por prevaricación a este concejal. Una vez que el juzgado resuelve, hay un imperativo legal que obliga al Concello a tramitar esas denuncias”, señaló el edil en referencia al reciente fallo judicial que le exonera del delito de prevaricación pero que advierte al gobierno local de que es de su competencia la regulación del tráfico en la zona.
Font insistió en rueda de prensa que “nunca estaremos en el incumplimiento de la legalidad, no somos un gobierno de activistas para incumplir la ley, luchamos por la legalidad y la cumplimos”. Además, cargó contra la CIG y le pidió que centre la responsabilidad en la Xunta por “no consultar proyecto, por construir un parking de pago y por optar por denunciar a los ciudadanos de Vigo”.
“Nosotros no somos culpables, a lo mejor la CIG tenía que defenderme a mí y no lo hicieron. Vuelve a hacer política. Ya no les llegó con el resultado de mayo de 2015, cuando su secretario fue como candidato a las Municipales y no tuvieron ningún concejal, de seguir así posiblemente acaben con menos uno”, afirmó.
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