Así, los nacionalistas reclaman que la veintena de viviendas que quedan se destinen a la creación de un parque municipal de viviendas para alquiler social, que permita el acceso a las personas de escasos recursos.
Según remarca la formación frentista en un comunicado de prensa, la venta de casi la mitad de las viviendas supuso ingresos por importe de 3,1 millones de euros que, subrayan, «es una cantidad suficiente para financiar la expropiación de los terrenos para edificar la Ciudad de la Justicia».
Por ello, a pesar de que remarcan que el BNG se opuso desde el primer momento a esta operación «especulativa» y de que fueron reiteradas las iniciativas para destinar esas viviendas a usos sociales, asume que las ventas ya realizadas son «irreversibles» y por eso exige la paralización del proceso que afecta a las 21 restantes. «En una ciudad en la que se suceden los lanzamientos hipotecarios, donde constatamos una situación de grave emergencia social, el Concello de vigo debe dejar de jugar a agente inmobiliario», subraya el Bloque.
Consideran fundamental que los pisos se articulen en un parque municipal de viviviendas para alquiler social, una medida que juzgan «indispensable para comenzar a dar respuesta a las necesidades habitacionales que hay en la ciudad, en la que pese a a haber 18.500 viviendas vacías muchas personas no se pueden permitir un alquiler a precio de mercado». «En lugar de tratar la vivienda como una mercancía con la que especular, el gobierno local debe considerarla como un bien esencial y promover el acceso social al mismo», concluye la nota.