La crisis de la vivienda en Vigo ha alcanzado una temperatura crítica que ya no admite más paliativos ni demoras institucionales. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha puesto sobre la mesa una cifra que subraya la magnitud de la fractura social en la ciudad olívica: 9,5 millones de euros. Esta es la cuantía mínima que, según la formación nacionalista, el Ayuntamiento debe movilizar de inmediato para frenar una sangría de desahucios que está expulsando a cientos de vecinos de sus barrios.
Los datos judiciales del último trimestre de 2025 dibujan un escenario desolador. Con una media de casi seis desahucios semanales, la ciudad se enfrenta a una realidad donde el derecho constitucional a la vivienda parece haberse convertido en un privilegio inaccesible para la mayoría social.
La espiral inflacionista: vivir en Vigo como un lujo
El diagnóstico del BNG señala directamente a la escalada de precios como el principal motor de esta exclusión. Con un incremento del 9% en el último año y una subida acumulada del 35% desde 2020, el mercado del alquiler en Vigo se ha tensionado hasta el punto de que una habitación en un piso compartido supera ya la barrera de los 300 euros mensuales.
“Os desafiuzamentos son a cara máis dramática da emerxencia habitacional que está a expulsar da cidade a familias enteiras e a mocidade que non se pode permitir o luxo de vivir na súa propia cidade”, ha denunciado el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas. Para la formación, la inacción de la Xunta de Galicia y del Gobierno municipal de Abel Caballero ha dejado a los afectados en una total desprotección, sin alternativas residenciales públicas tras la pérdida de su hogar.
Una estrategia de tres ejes: ayudas, alternativas y parque público
La propuesta del BNG no se limita a la denuncia, sino que dibuja una hoja de ruta presupuestaria financiada a través de modificaciones de crédito y el uso de los remanentes municipales. El plan de choque se estructura en tres pilares fundamentales:
- Programa de Alternativas Habitacionales (1,5 millones €): Destinado a garantizar que ningún vigués sea expulsado de su casa sin disponer de una solución residencial previa y digna.
- Ayudas directas al alquiler (3 millones €): Incluye aportaciones de hasta 200 euros mensuales para familias con rentas bajas y un sistema de préstamos sin intereses para afrontar fianzas y avales, pensado especialmente para menores de 35 años.
- Empresa Municipal de Vivienda (5 millones €): Un refuerzo económico para acelerar la constitución legal de este ente y comenzar a construir un parque público de vivienda social efectivo.
Xabier P. Igrexas ha sido especialmente crítico con lo que denomina la «propaganda» del gobierno local. El portavoz recordó que, en 2015, el alcalde Abel Caballero llegó a afirmar que su propia mesa era la «oficina antidesahucios». Sin embargo, una década después, la ausencia de medidas concretas es, a juicio del BNG, clamorosa.
La crítica se extiende a la gestión económica del municipio. Con más de 100 millones de euros sin ejecutar en el último ejercicio, el BNG considera injustificable que no se priorice el rescate habitacional. “Un Concello que deixa máis de 100 millóns sen executar non pode mirar para outro lado mentres a xente perde a súa casa”, ha concluido Igrexas, instando al Gobierno local a que la vivienda sea la prioridad política absoluta en este 2026.
