La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha celebrado este miércoles el juicio contra un acusado de estafar a una persona con dos falsos alquileres en la ciudad olívica, tratándose de un viejo conocido de la Policía por casos similares.
Durante la vista, agentes de la Policía Nacional han asegurado que en esa época, finales de 2023, el varón ya estaba siendo investigado por otras presuntas estafas y había sido identificado en varias ocasiones. «Ese año estaba especialmente activo», apostilló una de las funcionarias, que añadió que usaba el mismo teléfono móvil.
Por su parte, el procesado aseguró que él había prestado dinero previamente a la supuesta víctima, por lo que las transferencias recibidas eran en devolución de ese dinero, pese a que como concepto se especificaba ‘Pago de alquiler’ o ‘Seguro de impago’.
No obstante, sí ha reconocido que «unos 500 o 600 euros» se los había cobrado por prestarle su documentación para alquilar un piso, debido a que la víctima no tenía los papeles en regla. Esa cantidad no se la devolvió, pero su intención sí era regresarla, indicó, ya que finalmente el perjudicado no alquiló ningún piso. «Yo no me dedicaba a alquilar pisos», reivindicó.
Un cómplice
Por otra parte, también declaró en la vista otro acusado, un supuesto cómplice, que indicó que él solo recibió parte del dinero en una cuenta bancaria a su nombre debido a que su amigo le dijo que en su cuenta no podía recibirlo. El principal procesado también explicó lo mismo, que le pidió un favor a este hombre para que recibiese ciertas cantidades, pero que no estuvo involucrado en los negocios.
La presunta víctima acudió este miércoles al juicio indicando que un amigo le había puesto en contacto con el supuesto estafador para alquilar un piso para vivir él y una casa para otro amigo que traía a su familia desde Sudamérica. Esta persona aseguró que hasta tuvo que firmar «contratos falsos» e hizo varias transferencias al acusado en concepto de pago de alquiler y de seguro de impago. Sin embargo, descubrió que las viviendas nunca existieron y lo denunció.
Por todo ello, Fiscalía les atribuye el delito continuado de estafa agravada (al cometerse en relación a un bien básico, como es la vivienda) y pide para el principal acusado 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, mientras que para su cómplice pide un año de cárcel y multa de 1.800 euros. Además, reclama que devuelvan el dinero, más intereses, al perjudicado.
Las defensas de los dos procesados solicitaron la libre absolución al considerar que no se probaron los hechos por los que se le acusan.
