La Gerencia de Urbanismo de Vigo ha detectado, al menos, once viviendas «clandestinas» en dos edificios de Navia. Concretamente, se trata de los números 22 y 26 en los que la promotora, Urbanismo Vigo S.A., convirtió locales comerciales de la entreplanta en viviendas que oscilan entre los 30 y los 70 metros cuadrados.
Estas viviendas están habitadas desde hace más de una década, pero fue a raíz de las inscripciones notariales para cambiar su uso de comercial a residencial, cuando se detectó su existencia. Estas inscripciones fueron realizadas en varias tandas por la promotora entre los años 2020 y 2021. Así, en la primera ocasión inscribió hasta cuatro viviendas al mismo tiempo, en noviembre de 2020. En febrero otras tres del número 22 y en menos de dos meses otras tres del número 24. El último registro notarial que ha constatado, por ahora, Urbanismo, es de julio de 2021 por lo que son al menos once las viviendas detectadas, aunque por el momento se ha contactado con seis de los propietarios.
La semana pasada, el Consello de la Gerencia de Urbanismo abordó dos de ellas y este martes son otros cuatro los expedientes que recibirán luz verde y que cuentan con idéntico resultado y es que sus propietarios deben reponer la legalidad urbanística. Es decir, los espacios deben volver a ser aquello para lo que recibieron licencia: locales comerciales. Con toda probabilidad no serán las últimas dado que, al menos, se ha solicitado la inscripción como viviendas de once.
Desde que se detectó la existencia de estas viviendas, tres en el número 22 y otras tantas en el 26, Urbanismo se ha puesto en contacto tanto con la promotora como con los propietarios.
Así, en el caso de la promotora, desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se le ha impuesto una sanción de 171.446 euros por la comisión de dos infracciones graves de la Lei de Vivenda de Galicia, por la conversión de uso de oficinas a vivienda sin la intervención de la administración competente durante los años 2021 y 2022. Para lograr una reducción del 40% en la multa, la entidad admitió su responsabilidad y, de hecho, durante su visita a los inmuebles, el técnico de Urbanismo detectó que en la entreplanta de los dos edificios hay carteles ofertando locales comerciales con cocina. En su día, la constructora recibió licencia para 48 viviendas en cada uno de los bloques, con lo que no solo se han creado viviendas que no están permitidas, sino que se ha rebasado la edificabilidad permitida.
Mientras tanto, durante el proceso de alegaciones, una de las propietarias, que representa a los demás, aportó seis facturas de instalación de una cocina que datan del año 2008, lo que corroboraría que alguno de estos locales podría llevar habitado casi veinte años. Con esas facturas, se trató de aducir la caducidad del expediente, al constatar que han pasado más de seis años desde su finalización, adhiriéndose por tanto a la figura de fuera de ordenación.
Sin embargo, desde Urbanismo se cerró las puertas a esta posibilidad, subrayando que se trata de viviendas «ilegales e ilegalizables». Remarca el departamento que fueron creadas en la «clandestinidad» y que por ello no se les puede presumir la «buena fe» que permitiría que fuesen legalizables. Por otra parte, subraya que no cumplen con las condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y habitabilidad mínimas que contempla la ley gallega para convertir locales comerciales en viviendas, lo que de por sí haría ya inviable que se salvasen.
Además, desde Urbanismo ironizan con el hecho de que por un lado se presente una factura de 2008 y por el otro que se haya intentado hacer el cambio de uso entre 2020 y 2021 dado que, remarcan, en la escritura de declaración de obra nueva y de división de propiedad horizontal, tras la construcción de los inmuebles, precisamente en el entorno del año 2008, se hace constar el uso de oficina en los locales de la entreplanta que ahora están habitados.
A partir de ahora, los propietarios cuentan con un plazo de un año, desde la notificación de la sanción, para devolver la legalidad urbanística a los locales comerciales. En el caso de que no lo cumplan. desde Urbanismo se advierte que la Administración podrá proceder a la ejecución subsidiaria de la misma o la ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas, que serán reiterables mensualmente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en cuantía de 1.000 a 10.000 euros cada una.
