Las empresas demandantes que recurrieron la adjudicación de la concesión administrativa sobre tres aparcamientos de Vigo, han vuelto a denunciar que, anulada dicha concesión y ratificada por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de la ciudad está «demorando injustificadamente» la ejecución de la sentencia, que le obliga a asumir la gestión (bien directamente o mediante otra licitación de concesión) de más de 1.200 plazas de estacionamiento en zonas céntricas de la ciudad.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en una sentencia de marzo de 2023, declaró nula la concesión de esos aparcamientos (el de Areal, el de Policarpo Sanz y el de Pintor Colmeiro) porque la UTE adjudicataria, Eloymar-Tranvías, no había cumplido los pliegos en lo que respectaba a las dimensiones de las plazas. El alto tribunal gallego ordenaba al Ayuntamiento que decidiese cuál era el mejor modo para seguir prestando ese servicio público.
La UTE recurrió, pero el Tribunal Supremo, en mayo pasado, rechazó su recurso y la sentencia del TSXG devino firme. Sin embargo, han señalado las cuatro empresas que impugnaron el proceso, el Ayuntamiento no ha hecho nada por cumplir la sentencia, mientras «permite» que la empresa ‘expulsada’ de la licitación por los tribunales, siga gestionando estos aparcamientos.
Además, han recalcado que los estacionamientos están entre los más caros de Vigo y las tarifas podrían abaratarse con una nueva gestión, que podría realizarse tras la convocatoria de otra licitación, «con nuevas condiciones de explotación».
Las demandantes sostienen que hay precedentes en la resolución de concesiones gestionadas por los propios ayuntamientos, pero han lamentado que el de Vigo «ha presentado recurso, algo que iría contra los intereses de los ciudadanos y en beneficio de una empresa privada».
Asimismo, han advertido de la posibilidad de que se impongan multas coercitivas a la administración municipal si sigue «permitiendo que la concesionaria sin licencia siga explotando los parkings».
«La forma del proceder del Ayuntamiento es inexplicable», según han subrayado, habiendo empresas «con capacidad y competencia acreditadas» para optar a gestionar esas instalaciones, y han criticado que el gobierno local prefiere, por contra, «seguir amparando esa ilegalidad».
