El sindicato CIG-Correos ha puesto el foco en la situación de colapso que, según denuncia, sufren varias oficinas de atención al público en Vigo. La central sindical ha alertado de colas de más de 50 personas con tiempos de espera que superan los 45 minutos en oficinas como las del Calvario y Balaídos. Esta situación, documentada este pasado lunes, incumple «el plan de prestación del servicio postal universal, que establece un máximo de 8 minutos de espera», según la CIG.
Una situación crónica
La CIG-Correos subraya que este problema no es nuevo, sino que se ha convertido en un fenómeno recurrente durante los veranos. Las causas, según el sindicato, son el cierre de las oficinas en turno de tarde y una «drástica reducción de personal». Esto genera un doble impacto negativo: por un lado, un notable malestar entre los ciudadanos, que se ven obligados a invertir gran parte de la mañana para realizar sus gestiones, y por otro, un riesgo directo para la salud de los trabajadores.
La central sindical afirma que la presión a la que se ve sometido el personal está detrás de una «inxente cantidad de bajas laborales» y un considerable número de accidentes en el último mes.
Pandemia silenciosa
En recientes declaraciones, la CIG ha calificado esta situación de «pandemia silenciosa» por la gravedad de los acontecimientos y la inacción de Correos para aliviar las condiciones de trabajo. El sindicato ha solicitado conocer los resultados de las últimas evaluaciones psicosociales, pero asegura que la empresa se niega a facilitarlos, argumentando que el comité de salud laboral no está constituido. Por ello, la CIG anuncia que elevará una reclamación a la Inspección de Trabajo.
El sindicato considera a la empresa responsable de «cualquier desgracia que pueda suceder» y le recuerda su obligación de «velar por la salud laboral del personal». El número alarmante de bajas, con plantillas por debajo del 50% en algunas oficinas y unidades de reparto, contrasta, según la CIG, con los miles de euros que Correos destina a patrocinar eventos como La Vuelta. Esta situación es calificada por la central sindical como una «auténtica tomadura de pelo» y una «falta de respeto a la dignidad de los trabajadores».
La CIG lamenta que «prevalece el abono de sobresueldos a los directivos, por obtener pérdidas, frente a la salud del personal y la calidad del servicio a la ciudadanía». Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el sindicato asegura que la única vía de acción es la denuncia ante la Inspección. La central sindical también hace un llamamiento a la Ministra de Trabajo para que «no sea cómplice de la situación que se está dando en la empresa pública y tome medidas para revertir la situación de precariedad» a la que se está sometiendo a los trabajadores.