La vulnerabilidad económica y el anhelo de un futuro próspero han vuelto a ser el caldo de cultivo para una trama de explotación que desdibuja los límites entre el engaño sentimental y el abuso laboral. Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría de Vigo-Redondela, han desmantelado un entramado criminal que utilizaba aplicaciones de citas para captar a víctimas extranjeras y someterlas a condiciones de trabajo inhumanas bajo una falsa promesa de estabilidad.
La investigación, que permanece abierta bajo supervisión judicial, ha destapado un sistema de «gestión de facto» donde el cabecilla operaba a través de testaferros familiares para eludir sus responsabilidades legales, mientras las víctimas malvivían en almacenes reconvertidos en infraviviendas.
El ‘love bombing’ como estrategia de captación
El modus operandi de la red destaca por su crueldad psicológica. La investigación se precipitó tras la denuncia de una mujer extranjera que relató cómo fue contactada a través de una conocida plataforma de citas. El investigado inició una relación sentimental simulada, ofreciéndole vivienda y un empleo estable en España. Ante una situación de grave precariedad en su país de origen, la mujer aceptó la propuesta, descubriendo a su llegada una realidad radicalmente distinta: la relación afectiva se convirtió en un mecanismo de control y el trabajo, en una forma de servidumbre.
Este método de captación, conocido habitualmente como el paso previo a la trata, permitió al agresor atraer a personas en situación administrativa irregular, aprovechándose de su imposibilidad de acceder al mercado laboral legal para imponer condiciones abusivas.
Jornadas extenuantes y viviendas insalubres
Tras las primeras pesquisas, los agentes localizaron a más trabajadores en circunstancias similares, empleados en una red de establecimientos de alimentación. Las condiciones detectadas por la UCRIF y la Inspección de Trabajo dibujan un escenario de explotación propio de otros siglos. Las víctimas cumplían jornadas maratonianas que comenzaban a las 04:30 de la mañana y se prolongaban hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, incluyendo también la mañana de los domingos.
Por esta dedicación absoluta, percibían apenas 600 euros mensuales, una cantidad que, en muchos casos, ni siquiera llegaban a cobrar de forma íntegra. Además, el investigado lucraba doblemente con su situación: obligaba a los empleados a residir en los almacenes de los comercios, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad, cobrándoles una renta por el alquiler de estos espacios insalubres.
Una estructura familiar para eludir a la justicia
La complejidad del entramado residía en su arquitectura administrativa. Ninguno de los locales de alimentación figuraba a nombre del principal investigado. La policía ha constatado que los negocios estaban registrados a nombre de su exmujer y su hijo, quienes también están bajo el foco de la justicia por su presunta participación en los hechos. Esta estrategia buscaba blindar al cabecilla frente a posibles inspecciones y responsabilidades patrimoniales.
La operación se ha saldado con la identificación y protección de las víctimas, a quienes se les ha ofrecido asistencia integral. La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, ha anunciado una intensificación de la vigilancia en centros de trabajo para combatir la economía sumergida y la explotación de ciudadanos vulnerables.
