Los grupos municipales del PP y el BNG han criticado este jueves que se hubiera impedido el acceso a los feriantes que acudieron al Concello para tratar de recabar información sobre el rechazo a sus solicitudes para montar atracciones en las fiestas de la ciudad, aunque el gobierno local ha salido al paso asegurando que «no se impidió el acceso a ningún ciudadano».
Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves, cuando varios feriantes (menos de una decena según fuentes presenciales) acudieron al Concello, pero no pudieron acceder, ya que la Policía Local había establecido un filtro, con vallas en la entrada del edificio, e identificaba a las personas que querían entrar.
El grupo municipal del PP ha enmarcado lo sucedido a un «veto» impuesto por el alcalde, Abel Caballero, «de quien parten todas estas órdenes de bloquear el acceso al Ayuntamiento». Para el portavoz ‘popular’, Miguel Martín, «es una evidencia más de la falta de diálogo que muestra el regidor socialista con aquellos colectivos que tienen el valor de levantar la voz contra su gestión despótica».
Martín acudió a la Praza do Rei para escuchar las demandas de los feriantes y les trasladó la posición del PP: exigir al gobierno municipal que cumpla la ley y garantice la seguridad en las instalaciones de las fiestas, como hacen el resto de ayuntamientos. «El Ayuntamiento de Vigo no puede negar ninguna autorización que reúna los requisitos exigidos por la normativa vigente. Además, está obligado a basarse en criterios objetivos y no en la arbitrariedad», ha recordado.
Una «grave discriminación»
Por su parte, el grupo municipal del BNG también ha criticado que no se dejase acceder a los feriantes, pero ha ido más allá y ha denunciado una «grave discriminación», asegurando que pudo comprobar ‘in situ’ como se identificó a personas «por motivos raciales» y se restringió el acceso a aquellas que se identificaron como feriantes.
El portavoz del grupo nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas, ha advertido de que se trata de una decisión «sin precedentes y sin motivación legal». «El Bloque pudo constatar de primera mano como los agentes de la Policía Local estaban filtrando e identificando el acceso de personas a la lonja del Ayuntamiento en base a motivos raciales, como personas de etnia gitana o negras, permitiendo el acceso libre al resto de vecinos que no responden a estos trazos», ha apuntado.
Pérez Igrexas ha exigido por escrito explicaciones al alcalde antes estos «hechos gravísimos» y ha advertido de que el operativo policial atentó «contra los derechos fundamentales». «No vamos a tolerar que, con el pretexto de la seguridad o de prevenir hipotéticos incidentes, el gobierno municipal de Abel Caballero coloque barreras raciales en el acceso al Ayuntamiento, que es la casa de todos y todas», ha sentenciado.
Respuesta del gobierno y la Policía Local
Por su parte, el gobierno local ha salido al paso de las acusaciones y ha asegurado que este jueves «no se impidió el paso a ningún ciudadano en el Ayuntamiento, y no se registró, por tanto, incidencia alguna en el acceso al edificio, ni dentro ni fuera de las instalaciones municipales».
Así lo ha trasladado el portavoz del gobierno, Carlos López Font, que se ha limitado ha informar de que la Comisión de Fiestas de Coia entregó este miércoles una nueva propuesta para la celebración del evento y que «se está estudiando». «Las autorizaciones se otorgarán en virtud de la nueva propuesta de fiesta que han hecho los promotores de la celebración», ha aseverado.
Mientras, la Policía Local de Vigo ha hecho público un comunicado en el que reconoce que se estableció un dispositivo a la entrada del Ayuntamiento, pero en el que matiza que «siempre que se prevé la concentración numerosa de personas en el entorno del Ayuntamiento se establecen medidas de organización y seguridad con el único objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder libremente a las dependencias municipales, especialmente aquellos que tienen citas concertadas o necesitan realizar gestiones administrativas».
Además, ha señalado que en todo momento el tránsito estuvo abierto, no hubo «restricciones indebidas», y que los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a la protesta pueden hacerlo, «siempre que no se obstruya el acceso principal ni se impide el normal funcionamiento de los servicios municipales».
«Se niega de forma rotunda que se produjese discriminación por razón de raza, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social. Los agentes actuaron exclusivamente conforme a los criterios operativos de orden y seguridad, con respeto estricto a los derechos fundamentales de las personas», han asegurado fuentes policiales.
Finalmente, la Policía Local ha reafirmado su «compromiso con la convivencia, la legalidad y la defensa de los derechos de toda la ciudadanía, trabajando siempre por garantizar un espacio público accesible, seguro y respetuoso».
