A través de un comunicado, la ODS-Coia recordó que los 1.000 contratos anunciados para los perceptores de la Risga son empleos de siete meses de duración y del 75 por ciento de la jornada laboral «para cobrar alrededor de seiscientos euros». Al igual que el año pasado, subraya el colectivo, se trata de una subvención por parte de la Xunta de diez millones de euros procedentes de Europa para que los Concellos contraten a personas que estén cobrando la renta social gallega.
«Los puestos para cubrir son peónde jardinería, peón de obra pública, conductor, siendo el requisito de la orden que sean puestos vinculados a obras y servicios de interés general y de utilidad social», reprocha la ODS-Coia, que lamenta que «la intención del Gobierno gallego no cambia con respecto a la convocatoria del año anterior que es eliminar el mayor número de personas que cobran la Risga».
Según señalan, esta cifra supera las diez mil personas en Galicia.
«¿Y después de siete meses de contrato precario qué? La única renta a la que pueden acceder es un subsidio de 213 euros gestionado desde el servicio público de empleo», subrayan para remarcar que se trata de una cantidad «claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas» por lo que tras los siete meses de un contrato «en precario» «obligan a las personas a volver a solicitar las ayudas de emergencia social, que son escasas y limitadas». «Y a comenzar de nuevo el tortuoso camino de solicitud de la Risga», concluyen.
