«Distracciones, eufemismos y engaños». Eso es lo que, según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, contiene la oferta que le ha hecho la Xunta de Galicia, por medio del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en respuesta a la misiva que el regidor remitió a San Caetano exigiendo que aporten 1,5 millones de euros para las obras en Balaídos, necesarias para que pueda ser sede del Mundial 2030.
Calvo expresaba en la carta la disposición de la Xunta a pagar su parte, que sería un cuarto del coste de la obra, y no un tercio, como quiere Caballero, porque el Gobierno autonómico quiere que el Gobierno de España ponga también su parte, de modo que las cuatro administraciones: nacional, regional, provincial y local, pongan un 25 por ciento cada una.
Para Caballero, la Xunta, con esta oferta, sólo trata de sacarse un problema de encima. Entiende el regidor que bien podría cada una de las administraciones poner un tercio, y más adelante, «cuando el Gobierno pague, rebajaremos la parte que paga cada uno». Sin embargo, Caballero cree que, en realidad, «la alternativa es que la Xunta no quiere pagar». Además, Caballero ha puesto como ejemplos estadios en otras ciudades que están siendo remodelados sin concurso alguno del Ejecutivo central.
Calvo ha recordado que la Xunta se comprometió a apoyar tanto a Balaídos como a Riazor como sedes del Mundial 2030, subrayando como requisito, «previo e imprescindible», que las ciudades fuesen designadas sedes, algo que todavía no ha sucedido. También afirma la Xunta que para poder hacer cualquier consignación presupuestaria, como pide el alcalde, resulta necesario conocer el presupuesto exacto de la actuación, el cronograma de las partidas económicas y la conformidad de todas las administraciones llamadas a financiar la actuación.
Caballero ha dicho que mover los dos colectores de Tribuna costará entre tres y cinco millones de euros e insiste en que la obra está ya en marcha; sin embargo la Xunta no sabe en realidad cuánto ha de pagar, se divida el gasto en tres partes, como quiere el alcalde, o se divida en cuatro, como quiere el Gobierno regional, porque no tiene el proyecto.
El Gobierno regional, en todo caso, vinculó la colaboración entre administraciones para la ampliación del estadio de Balaídos a una marco de colaboración mayor en el que se incluyan la ampliación del Ifevi, los avances en la urbanización de la ETEA o el túnel de Elduayen.
A este respecto, Caballero ha vuelto a repetir lo ya sabido: que la ETEA lleva parada 17 años por culpa de la Xunta, que la Xunta quiere, en «el colmo del cinismo político» que Vigo pague la ampliación del Ifevi y quedarse el recinto ferial en propiedad, o que el túnel de Elduayen está pendiente de un informe de medio ambiente sobre una colonia de pájaros en la zona.
La respuesta de la Diputación
Por su parte, la Diputación ha respondido este jueves también a Caballero respecto de la financiación de las obras en Balaídos. La vicepresidenta del ente provincial, Luisa Sánchez, tras recordar las aportaciones económicas que ha hecho a las obras en marcha y subrayar la importancia que para la provincia tiene que Balaídos sea sede del Mundial, ha pedido al alcalde más rigor.
«Para la correcta planificación de una nueva ampliación de esta magnitud, que tiene que desarrollarse en cuatro años, resulta indispensable conocer la programación cronológica y presupuestaria de todas las obras previstas en el marco de la candidatura», señala Luisa Sánchez en su misiva.
«Con esta planificación imprescindible que estamos demandando se evitaría que actuaciones como la humanización del entorno de la grada de Tribuna, inaugurada hace escasos meses con un coste millonario, tenga que volver a entrar en obras, con el consiguiente desperdicio de fondos públicos y molestias para los vecinos y aficionados», añade antes de subrqyar que entre los 3 y 5 millones que según el alcalde costará esa actuación hay una diferencia de un 66%.
Luisa Sánchez también echa en falta, por último, que Caballero exija también al Gobierno central que se sume al resto de administraciones para financiar la actuación, en lo que sería «un acuerdo histórico» entre administraciones.
