El gobierno municipal de Vigo ha admitido que el servicio de bus urbano de la ciudad, que presta la concesionaria Vitrasa, tardó 19 días en recuperar la normalidad después de la huelga indefinida que se extendió desde el 25 de noviembre del año pasado hasta el 11 de marzo de este año.
Así lo expone el concejal de Servicios, Francisco Pardo, en un escrito de respuesta a una pregunta del grupo municipal del BNG efectuada en el pleno del pasado 25 de marzo. En dicha pregunta, los nacionalistas instaban al gobierno local a aclarar si se impondría algún tipo de sanción o se tomaría alguna medida frente a la concesionaria por mantener recortes en los servicios y frecuencias del bus urbano, una vez desconvocada la huelga.
El edil socialista ha respondido al BNG de forma muy escueta y limitándose a constatar que «el servicio anterior al inicio de la huelga, a día 1 de abril de 2024 figuraba restablecido», sin detallar si habrá sanciones o alguna otra decisión.
La propia empresa concesionaria comunicó en su momento que la vuelta a la normalidad del servicio tendría que ser progresiva, al encontrarse con casi 70 conductores de baja y varias decenas más de vacaciones al finalizar el paro. De hecho, Vitrasa advirtió de que le estaba costando contratar chóferes en el mercado laboral.
«Complicidad» y «barra libre»
Por ello, el BNG ha dado por hecho que no habrá esas sanciones, y ha acusado al alcalde y a su gobierno de actuar con «complicidad» frente a la concesionaria, a la que da «barra libre».
Para el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, la postura del gobierno local evidencia la «total falta de control» sobre las concesiones y servicios privatizados por el Ayuntamiento, que en total suponen más de 200 millones de euros al año del presupuesto municipal.
Pérez Igrexas ha censurado que el concejal de Servicios no haga referencia, en su respuesta, al hecho de que, durante esos 19 días posteriores al fin de la huelga, Vitrasa redujo los horarios del servicio «hasta en 15 líneas» sin autorización del Ayuntamiento.
El grupo municipal del BNG ha pedido poner fin a la «complicidad» del gobierno local con Vitrasa y con las empresas privadas que, en muchos casos, se limitan a «hacer caja» cobrando por «prestar menos servicio del contratado», y ha reclamado a Abel Caballero que ejerza sus competencias de fiscalización y control de las concesionarias para garantizar la prestación efectiva de los servicios.
Finalmente, ha criticado la decisión «ilegal» del gobierno municipal de «negarse a constituir» la Comisión Informativa de Vigilancia de la Contratación, a pesar de «ser obligatoria, como marca el Reglamento Orgánico del Pleno».
«Caballero tiene que explicar a los vigueses y viguesas por qué, además de que su gobierno no fiscaliza a las concesionarias, también impide que podamos hacerlo los grupos de la oposición», ha afeado Pérez Igrexas, que se ha cuestionado «qué es lo que quiere seguir ocultando» el regidor.
