La posible supresión de los peajes en la AP-9 a raíz del reciente dictamen de la Comisión Europea sigue trayendo cola. El último en pronunciarse al respecto ha sido el alcalde de Vigo, ciudad clave en la conexión del Eje Atlántico por carretera. Abel Caballero ha mostrado su evidente apoyo a esta opción, sobre todo en lo que afecta a la ciudad, aunque al mismo tiempo ha mostrado sus cautelas sobre la viabilidad legal de esta alternativa.
“Si hay alguna ventana de oportunidad para suprimir el peaje en la autopista, apoyaré que se suprima”, ha declarado este martes. No obstante, el regidor olívico confesó no tener “conocimiento técnico” de los resquicios legales que deja la decisión comunitaria. De hecho, hay interpretaciones diferentes. Por un lado, la plataforma denunciante, la viguesa En-Colectivo, sostiene que el fin del cobro en la AP-9 está cerca, ya que se debe declarar nula la prórroga de la concesión aprobada por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000. Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que no habrá ahorro para los bolsillos de los usuarios.
En todo caso, se presenta una oportunidad única para que la gestión de la autopista pase a manos públicas, ya que la nulidad implicaría que la concesión habría terminado realmente en 2013. Es más, quien conserve resguardos de sus viajes podría reclamar las cantidades pagadas desde ese ejercicio. Esa posible ocasión es la que apoya Caballero “sin ninguna duda”. El alcalde de Vigo también aprovechó este martes para recordar que las prórrogas promovidas por Aznar fueron un “disparate” y una “barbaridad absoluta” porque “nos condena a seguir pagando” por la AP-9 hasta 2048.
Por ello, mostró su “apoyo total” a cualquier opción de poner fin al cobro “pero exigiendo responsabilidad al Partido Popular, que nunca levantó la voz contra los peajes”. Además, remarcó que “todas las reducciones de peaje y supresiones se produjeron siempre con el PSOE gobernando en España”, en referencia a las bonificaciones que entraron en vigor este verano y a la liberalización de algunas tarifas, como sucede en O Morrazo.
Para existan esas “ventanas de oportunidad” de las que habla Caballero será vital la respuesta que el Ministerio de Transportes dé a la Comisión Europea. El departamento que dirige Raquel Sánchez está preparando su contestación. Todo apunta a que el Gobierno de España alegará que las últimas prórrogas se produjeron cuando la concesionaria era una compañía pública (Empresa Nacional de Autopistas), a pesar de que tres años después fue privatizada por el propio José María Aznar. Este argumento intentaría esquivar el presunto perjuicio al que aluden las autoridades comunitarias, que alertan de un incumplimiento de la libre concurrencia y de un agravio hacia otras firmas privadas que pudieran estar interesadas en gestionar la AP-9.
