La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido este lunes en que rescatar la AP-9 es la «mejor opción desde el punto de vista económico» ya que, a su juicio, no implicaría el pago de «lucro cesante».
Así lo ha señalado en Vigo tras presentar a agentes sociales y económicos de la ciudad el estudio que el Bloque encargó a la Universidade da Coruña sobre la situación jurídica y el coste de un posible rescate de la AP-9.
Para la líder nacionalista, el «sentir mayoritario de los gallegos» es la necesidad de una AP-9 «gallega y libre de peajes», ya que estos suponen una «estafa y una discriminación» para la Comunidad.
Por ello el BNG encargó este informe, que no solo valora la situación jurídica de la autopista, sino que también cifra el coste de su rescate en 904,7 millones de euros, «mucho menos» de los 4.000 millones que calculó en su día el PP y de los 6.000 millones de los que habla el actual Gobierno central, tal como ha dicho Pontón.
Ha subrayado que está «muy claro» que la ampliación de la prórroga de la AP-9 fue «ilegal». No solo aquella realizada por el Ejecutivo de José María Aznar por 25 años (actualmente vigente), sino también la anterior aprobada por el Gobierno socialista por 10 años (que terminó en 2023).
Ante esta situación, Pontón ha defendido la necesidad de «anular el contrato», porque estas ampliaciones son un «incumplimiento grave» no solo de la legalidad estatal, sino también de la europea y ha instado al Ejecutivo a desistir en su recurso a Bruselas y a rescatar la AP-9, para no trabajar «en contra de los intereses del país».
En cuanto a su coste, el estudio encargado por el BNG lo sitúa en algo más de 900 millones, lejos también de los 2.355 millones de un informe encargado por la Xunta «a una consultoría que casualmente tiene como cliente a Audasa», según ha dicho.
«El informe de la Xunta es un traje a medida para los intereses de Audasa, con un sobrecoste de 1.450 millones de euros (respecto a los 900 millones que calcula el BNG). Una vez más, el PP poniendo por delante de Galicia los intereses de una multinacional», ha subrayado, indicando que, al ser ilegal la ampliación de la prórroga, no sería necesario el pago del lucro censante.
Ha criticado así que solo las bonificaciones que el Estado pagará a Audasa hasta 2048 supondrán más de 2.840 millones de euros, mucho más de lo que costaría el rescate, por lo que hacer la AP-9 pública es la «mejor opción desde el punto de vista económico».
«En este momento, tener una AP-9 gallega y libre de peajes es cuestión de voluntad política. Los datos de este informe demuestran que es más rentable el rescate. Creemos que es cuestión de sentido común», ha sentenciado.
