El Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) ha firmado finalmente este viernes un acuerdo con sindicatos para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE), que supondrá el despido de 96 trabajadores, así como un ERTE de 80 días en su centro de O Porriño (Pontevedra).
Tal como ha informado el CTAG en un comunicado, tras semanas de trabajo analizando alternativas, se ha acordado que el ERTE contemple una suspensión máxima de 80 días, mientras que el ERE afectará a 96 empleados, «cifras inferiores a las previstas al comienzo del proceso».
«Asimismo, se han incorporado medidas sociales orientadas a reducir el impacto, como la doble voluntariedad y complementos económicos asociados a los expedientes, entre otras», añade CTAG.
«Con este acuerdo, el centro da un paso importante para afrontar el contexto actual con mayores garantías. CTAG sigue siendo un proyecto estratégico, sólido y con futuro. Continúa impulsando proyectos de I+D de alto nivel, fortaleciendo las capacidades internas y promoviendo la colaboración entre los equipos. La prioridad es además reforzar la competitividad, acelerar los proyectos en marcha y garantizar que el centro siga creciendo y generando alto valor añadido para todo el sector gallego y para Galicia en general», insiste el Centro.
Pese a todo, según fuentes del comité de empresa consultadas por Europa Press, el acuerdo solo ha sido firmado por CC.OO. y el grupo de personas independientes, mientras que la CIG, que preside el comité, no lo ha rubricado.
Desacuerdo de la CIG
El sindicato nacionalista ha explicado en un comunicado que se ha negado a firmar este acuerdo por contemplar «despidos forzosos» en el caso de que no se alcance el número de adscripciones voluntarias, de manera que la decisión de rescindir 96 contratos «quedará en manos de la empresa» en caso de que no se llegue a esas salidas voluntarias.
Igualmente, la CIG ha denunciado que el ERTE «carece totalmente de garantías» porque las decisiones quedan al arbitrio de la dirección, que se reserva la capacidad de decidir «de forma unilateral» la afectación individual de las 80 jornadas de suspensión. También ha criticado que «no hay un reparto equitativo» entre todo el personal, y que el acuerdo incluye una posibilidad de prórroga para 2027.
«La dirección tampoco quiso establecer ningún compromiso de mantenimiento del empleo en ninguno de los expedientes presentados», ha señalado la central, que también ha mostrado su desacuerdo porque los criterios para seleccionar a los trabajadores regulados «no son ni objetivos ni verificables».
Finalmente, la CIG ve «especialmente grave» que durante la negociación la dirección del CTAG «se negó a ejercer la más mínima autocrítica» y no ha reconocido errores en la planificación, ni fallos de organización ni responsabilidades.
