Sindicatos y trabajadores del CTAG se movilizaron este lunes convocados por la CIG delante de las instalaciones del centro tecnológico en el polígono porriñés de A Granxa para rechazar el ERE para 150 personas y el ERTE de 110 días para el conjunto de la plantilla.
La protesta coincidió con la reunión de constitución de las comisiones negociadoras del ERTE y del ERE, que tendrán un plazo de 15 y de 30 días, respectivamente, para llegar un acuerdo.
La dirección del CTAG comunicó el pasado jueves, 16 de octubre, al comité de empresa, presidido por la central sindical, la apertura de un proceso para despedir a 150 personas trabajadoras y para aplicar un ERTE de 110 días de duración en el centro de trabajo de O Porriño, alegando causas económicas y de producción, decisión que fue trasladada por correo electrónico al conjunto de los trabajadores.
“Se trata de mandar para casa durante medio año laboral a casi 900 personas”, denunciaron las personas afectadas al final de una concentración en la que participaron el secretario general de la CIG, Paulo Carril, la secretaria nacional de la CIG-Banca, Sefi Romero, y el secretario nacional de la CIG-Industria, Marcos Conde.
También censuraron que la dirección del CTAG considere a las personas trabajadoras “meros números en una hoja de cálculo, un simple gasto más a recortar, mientras lleva todo el año pagándole el salario a un directivo prejubilado sin que acuda ni un solo día a trabajar; la misma dirección que se reparte unas generosas bonificaciones al final del ejercicio a pesar de que el CTAG es una fundación sin ánimo de lucro, y que nos acusaba de alarmistas cuando avisamos de esta deriva ya en 2024, porque estaban dejando marchar a personal cualificado que atraía muchos clientes”. Por eso consideran que antes de despedir a personas trabajadoras tenían que «presentar la dimisión» los directores responsables de esta situación.
Y adelantan que el tiempo que dure el proceso del ERE y del ERTE “vamos a dar la batalla en la calle, porque los empleos ni se negocian ni se venden, se defienden”.
La CIG insiste en la necesidad de «luchar» para intentar dejar sin efecto el ERE. El presidente del comité, Hugo Méndez, señala que, de ser estrictamente necesario, la opción podría pasar por aplicar únicamente el ERTE, aunque recuerda que el que acaba de proponer la empresa «es el de mayor duración anunciado en el sector de la automoción en la comarca, ya que el de Stellantis fue de 90 días», recuerdan.
Al mismo tiempo, anticipó que estudiarán la posibilidad de que los 13 despidos objetivos ejecutados por el CTAG el pasado mes de agosto, que considera un ERE encubierto, se tengan en cuenta ahora. A estas rescisiones de contrato se le suman las llevadas a cabo por motivos disciplinarios con anterioridad (ocho en julio y otras dos en agosto), señalan en un comunicado.
Por este motivo, la central sindical llevó a cabo protestas en julio e impugnó judicialmente cinco despidos de personas afiliadas que están pendientes de resolución.
Sin política industrial
En la central sindical consideran que la dirección de CTAG “no puede excusarse” en la grave crisis que atraviesa el sector de la automoción para justificar unos despidos que responden únicamente a su “mala gestión” y al hecho de que, como apuntan, «seguramente la empresa, que recibe subvenciones públicas millonarias tanto de la Xunta como de otras administraciones, está embarcada en proyectos que no son rentables a nivel económico», consideran.
Y recuerdan que se trata de una fundación creada y participada por la Xunta, CEAGA, Abanca, Stellantis y otras compañías de la automoción “que fue pionera en innovación e investigación para el sector, la joya de la corona, pero por falta de una estricta fiscalización se encuentra ahora en estas circunstancias y opta por desprenderse de la experiencia y del buen hacer de 150 personas que estuvieron adquiriendo experiencia en el CTAG, además de las que ya despidieron con anterioridad”.
Todo esto es «consecuencia de la ausencia de una política industrial de país y de la falta de ayudas» al sector por parte de la Xunta -nombradamente la automoción- en los presupuestos, lo que impide, entre otras cosas, «la captación y el mantenimiento del talento en Galicia», reprochan.
