La Autoridad Portuaria de Vigo ha decidido acatar el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra conocido la semana pasada, por el cual se desestima el recurso presentado por la entidad que preside Enrique López Veiga contra el plan de liquidación del astillero Vulcano. La decisión judicial valida que la concesión administrativa que expira en 2027 debe incluirse en la venta de la unidad productiva.
Esto podría permitir que se mantenga la actividad naval en esos terrenos, algo que pedían los extrabajadores de Vulcano, los sindicatos, la patronal del sector y la empresa Vicalsa, interesada en adquirir esas instalaciones con una prórroga de la concesión.
López Veiga ha asumido que no tendrá más opción que asumir el dictamen de la Audiencia, ya que no cabe recurso, y no dará ningún paso para evitar la subasta. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo ha dado cuenta de ello al Consejo de Administración, que se ha reunido este viernes a través de videoconferencia. Asimismo, se ha trasladado la sentencia al Consejo de Estado para que tenga conocimiento de ella, ya que se le había solicitado un informe sobre la situación de dicha concesión.
“Cuando hay una sentencia firme se acata y punto. Yo no hago como otros; no critico al poder judicial”, ha declarado el mandatario portuario tras la reunión mensual del Consejo de Administración.
En ella, López Veiga también ha cumplido con el trámite legal -al haber concesiones de por medio- de informar sobre los cambios de poder que se han producido en los órganos directivos de Barreras y Nueva Pescanova. El Puerto de Vigo ha otorgado su visto bueno a la toma de control por parte de Ritz-Carlton y Abanca, respectivamente.
Petición de dimisión
Tras la sentencia, la Central Intersindical Galega (CIG) exigió la dimisión de López Veiga por poner en peligro el mantenimiento de la actividad industrial en las instalaciones de la empresa en Teis. El representante de la CIG en la Autoridad Portuaria, Anxo Iglesias, trasladó este viernes su posición durante la celebración del Consejo de Administración.
Iglesias señaló que “quedó claro que el recurso presentado contra el plan de liquidación fue una decisión errónea que pone en peligro que se pueda mantener la actividad industrial”. El presidente declaró darse por enterado de la petición pero no accedió a la solicitud de la CIG.
