Así pues, un afectado al que el banco no haya aceptado sus peticiones y se haya visto abocado a un señalamiento judicial tendrá que aguardar más de nueve meses para que la jueza reúna a las partes en busca de un posible acuerdo. A esa espera habrá que añadirle el tiempo que se tarde en conocer el fallo, siempre y cuando no sea necesario celebrar juicio verbal. En caso de que se tenga que convocar, la demora se vería incrementada todavía más.
Este es el panorama que se le presenta a muchos usuarios a solo quince días para que se cumpla un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se reconocía a los consumidores el derecho a la anulación de la cláusula suelo desde la firma del préstamo siguiendo los criterios de transparencia del Tribunal Supremo español. Sin embargo, las entidades financieras, en líneas generales, siguen negándose a aceptar esa realidad y todavía pelean multitud de casos. De esta manera, en Vigo habrá hipotecados que no habrán recuperado su dinero a pesar de haber transcurrido más de dos años desde el dictamen europeo.
En cualquier caso, estos tiempos judiciales no sorprenden en el mundo de la judicatura. Desde los sindicatos ya avisaron en su día de que a este paso muchas audiencias previas no se podrían celebrar hasta 2019. Las últimas cifras proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial sobre Vigo, hace ahora un mes, hablaban de 2.200 demandas y sólo 124 casos resueltos y 121 vistas señaladas.
“Esto sólo se puede solucionar de una manera”, explica Pablo Valeiras, del sindicato Alternativas na Xustiza, en referencia a la necesidad de habilitar una segunda unidad judicial para reducir a la mitad los tiempos de espera y que “los dos días de sala pasen a cuatro”. Y es que ahora mismo la jueza titular sólo puede fijar fechas para vistas dos días a la semana, por lo que se antoja imprescindible nombrar a otro magistrado para agilizar los casos.
No obstante, este refuerzo está pendiente de aprobación y ni siquiera se sabe si llegará algún día. El juez decano ha trasladado esta necesidad a las administraciones públicas pero de momento no hay compromiso firme.
El único avance que se ha dado hasta ahora es la incorporación de dos nuevos trabajadores para realizar labores de tramitación, que nuevamente vieron cómo su actividad se iniciaba con serias incidencias. “Tuvieron muchos problemas con el sistema informático, con los accesos y las contraseñas y durante los primeros días no pudieron trabajar habiendo mucha gente que atender”, relata Valeiras, que recuerda que Alternativas na Xustiza había solicitado una persona para llevar a cabo funciones de gestión y tres para tramitación.
“Estas incorporaciones van a facilitar trabajo pero la carga de trabajo sigue siendo muy importante. Esto no va a evitar que nos pongamos en 2019 para señalar audiencias y juicios al haber sólo una jueza. El ratio de trabajo de ese juzgado está muy por encima del de cualquier juzgado de primera instancia”, explica Valeira, que insiste en la necesidad de aumentar el personal, ya que esta sala tiene menos efectivos que cualquier otra de sus mismas características.
