El órgano de la CEP analizó en una reunión las consecuencias de esta medida y se advirtió de que la situación se complicará aún más cuando, en el plazo de dos o tres meses, la restricción se amplíe a la calle Julián Estévez, única vía de salida y entrada a la Terminal Teco de ADIF.
Además de los tráficos que obligatoriamente transcurren por dicha vía sin alternativa, se identificaron tres zonas directamente afectadas por esta medida en lo que siempre ha sido la salida natural de las mercancías desde el Puerto hacia el norte de la provincia: la zona 1 es la próxima al Parque de la Riouxa, donde se concentran empresas como Frigalsa, Frioteis, Elaborados Vigo, Confremar, Dinak e Iberconsa, entre otras; ya en Chapela, la zona 2, incluye empresas del peso de Pescanova, Frigodis, Frioya y Arcelor, entre otras.; y la zona 3, cercana a la ETEA, donde se ubicará el futuro Campus del Mar, abarca entre otras empresas, los astilleros Metalships y Montenegro.
Los integrantes del Comité Directivo de la CEP coincidieron en que las bondades del Puerto de Vigo y su competitividad, tan ligadas a la economía provincial, no pueden verse comprometidas por falta de entendimiento entre administraciones y que el perjuicio al sector privado, por prevalecer criterios políticos sobre los económicos, repercute a toda la sociedad.
Autopista
Al mismo tiempo, constataron que desviar todo el tráfico de mercancías a la AP9 significaría un incremento de kilómetros y tiempo notable, especialmente al acceder a las zonas 1 y 3. En el mismo contexto, se mencionó el coste del peaje hasta Redondela, cuya eliminación fue anunciada recientemente, aunque no tiene fecha de entrada en vigor, apenas tendrá impacto, por cuanto va a ser repercutida a todos los usuarios.
“En la Confederación nos hemos marcado como objetivo dialogar para alcanzar una alternativa definitiva, con seguridad jurídica y que beneficie a todos: ciudadanos, empresarios y administraciones. Un proyecto que proponga hacer urbano el tramo de la AP-9 hasta el enlace con Buenos Aires sólo tiene ventajas. Los vecinos de Teis van a agradecer mucho poder acceder directamente a la ciudad y que no haya camiones circulando por Sanjurjo Badía. Los transportistas preferirán rutas con vías de mayor capacidad y menos colapsadas. Los empresarios, accesos más ágiles y sin aranceles entre el Puerto y sus empresas. El Puerto verá como mejora su competitividad y podrá vender sus servicios sin contar con la desventaja actual. Y la ciudad en general, se beneficiaría de un acceso más moderno y funcional. Si Vigo gana, también lo hacen el área metropolitana, la provincia y toda Galicia”, expuso el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.
“Y, sobre todo, que nos permita servir a nuestros clientes y poner las mercancías en destino con la máxima eficiencia, al menor coste y en el menor tiempo posible”, agregó Ramón Alonso, presidente de Asetranspo, quien advirtió que lo que está en juego es la competitividad de las empresas afectadas que verán que su producto se grava porque la logística se complica sin infraestructuras adecuadas.
Perjuicio al ciudadano
En este argumento coincidió con Cebreiros quien apuntó que “el verdadero perjudicado es el ciudadano, el consumidor final. Al encarecer la logística se encarece el producto que sale de Galicia y lo hace menos competitivo”, al tiempo que subrayaba que el tejido productivo gallego ya tiene suficiente con posicionarse en el exterior a pesar de su condición periférica, como para tener que luchar con otras dificultades añadidas que van contra el sentido común.
“No es de recibo que el Puerto de Vigo y su actividad económica se vean perjudicados por falta de diálogo en una cuestión tan evidente. La solución debe ser necesariamente consensuada. La CEP está convencida de que nadie se opondría al mantenimiento -con carácter excepcional- de las autorizaciones especiales de paso para esos tránsitos concretos mientras no se alcanza una solución definitiva”, añadió.
Cebreiros y el propio Alonso se pusieron a disposición de las autoridades competentes y les ofrecen toda la colaboración de su parte y del empresariado para dar respuesta a esa necesidad.
“Independientemente de las variables urbanísticas y de la reordenación del tráfico, los empresarios exigimos la cooperación entre Concello, Xunta de Galicia y Ministerio de Fomento para agilizar el diseño y las tramitaciones pertinentes. Cualquier otro planteamiento sólo significa posponer o impedir la solución”, concluyó el presidente de la CEP.