La anulación del impuesto de plusvalía -a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que considera ilegal el método de cálculo de la cantidad que se paga cuando se vende un inmueble- supondrá una merma de ingresos para todos los ayuntamientos de España. En el caso de Vigo, el importe asciende a 10 millones de euros anuales. Es decir, un 3,5% del presupuesto tomando como referencia el ejercicio de 2022. Eso es lo que dejarán de ingresar, al menos por ahora, las arcas municipales según los cálculos que maneja el consistorio olívico.
El alcalde, Abel Caballero, ha ofrecido este miércoles su valoración sobre lo ocurrido. En la primera rueda de prensa exclusivamente presencial tras la irrupción de la pandemia, el regidor precisó que el Ayuntamiento de Vigo ya venía aplicando un “criterio conservador” a la hora de cobrar este impuesto para no causar “un daño muy fuerte a la ciudadanía”. Además, esas estimaciones podrían servir para no llevarse una sorpresa si finalmente hay que devolver los cobros realizados, algo que todavía no está claro. Diferentes juristas apuntan en las dos direcciones y todos están a la espera de conocer en detalle el texto de la sentencia, que todavía no ha sido publicado. “En cuanto se publique la sentencia, convocaremos una Junta de Gobierno para tomar nuestras propias decisiones”, ha declarado Caballero, que también se expresó en calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El alcalde aseguró que en Vigo se estaba “yendo a la realidad” y “tratando de aproximar bien” la cifra “real”, sabiendo que “el modo [de cálculo] anterior podía producir a veces una cuantía del impuesto superior a la propia plusvalía”. Caballero también apuntó que una “importante” cantidad de ayuntamientos españoles ya no cobraban este impuesto y muchos otros solo aplicaban el 30%.
La sentencia obliga a las entidades locales a suspender este tributo. Por ello, el regidor olívico ha pedido al Gobierno de España “mucha premura y urgencia en la resolución” del caso. Caballero solicitó “seguridad jurídica” para los ayuntamientos, cuya factura total podría alcanzar los 2.500 millones de euros anuales, lo que supone un “muy fuerte deterioro” para sus finanzas.
El presidente de la FEMP evitó aventurar si alguna administración, probablemente el propio Ejecutivo central, tiene que “hacerse cargo” de esta merma a través de un fondo de compensación. Hacienda ha anunciado que ya está trabajando para revisar las condiciones de aplicación del impuesto “para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos”.
