La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este martes de que el grupo de grandes ayuntamientos y diputaciones prevén incrementar su gasto en el entorno del 9% durante este año 2023, aunque estima que estas corporaciones locales obtendrán un saldo cercano al equilibrio.
Así se recoge en el informe sobre la ejecución presupuestaria de las corporaciones locales publicado este martes por la AIReF, donde apunta a que los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid y Vigo, y las diputaciones de Barcelona, Valencia, Guipúzcoa y Vizcaya incurrirán en déficit resultante de su gestión en 2023.
No obstante, para el grupo de grandes corporaciones locales, la AIReF prevé en 2023 un superávit de casi un 3% de sus ingresos, empeorando eso sí sus estimaciones de abril.
En materia de gastos, las grandes corporaciones prevén incrementar en 2023 sus gastos primarios, depurados de los financiados con los fondos europeos, más de un 4%, tras registrar aumentos de más del 7% en los dos años anteriores. En el resultado conjunto incide particularmente el crecimiento previsto para 2023 de los gastos primarios del subgrupo de las grandes diputaciones y asimilados, de casi un 10%.
Los ayuntamientos con riesgo
Además, este informe también continúa con el seguimiento de los 22 ayuntamientos en los que la AIReF identificó, al inicio del ciclo, importantes problemas de sostenibilidad a medio plazos, y mantiene su calificación en todas las entidades analizadas, salvo en Arcos de la Frontera, que empeora, San Fernando de Henares, que mejora, y Almonte, que sale del análisis por consolidar su mejoría.
Eso sí, advierte de que son «particularmente preocupantes» las situaciones de los ayuntamientos de Jaén y Jerez de la Frontera en los que la situación de riesgo de sostenibilidad empeora año a año. Para 2023, la AIReF prevé que todas estas entidades obtengan superávit, salvo en Jaén, Parla, Totana y Arcos de la Frontera en los que estima déficit.
La AIReF recomienda a Totana, Arcos de la Frontera y Algeciras que limiten en este ejercicio incrementos de gasto o reducciones de ingresos que no sean coherentes con los compromisos asumidos.
