El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado auto en el que acuerda archivar las actuaciones relativas al concurso de acreedores del desaparecido astillero vigués Hijos de J. Barreras (cuyas instalaciones son ahora propiedad del grupo Armón).
Así, la magistrada da cumplimiento a lo previsto en la Ley Concursal, que establece que, cuando el administrador concursal y la Fiscalía coincidan en señalar un concurso como fortuito, el juzgado debe ordenar el archivo de las actuaciones «sin más trámites», en un auto contra el que no cabe recurso.
En su dictamen, el Ministerio Fiscal establece que, del informe del administrador concursal se desprende que «no concurre ninguna de las causas legales que hagan presumir la existencia culpabilidad» en la quiebra del que fuera el mayor astillero privado de España.
«Subyace así que las dificultades económicas de la empresa no se deben a una mala gestión del deudor concursado sino a un desgaste progresivo implementado por causas naturales de la actividad de la concursada y por causas externas marcada por la coyuntura de la crisis sanitaria, que, a la postre, fueron avaladas por la Administración Concursal», señala el ministerio público.
Según apunta, a la vista de los documentos e información que se recogen en las actuaciones, «no se ha apreciado la concurrencia en los solicitantes (del concurso) de dolo o culpa grave que haya determinado la generación o agravación del estado de insolvencia».
Depuración de responsabilidades
Con todo, han precisado fuentes judiciales, la declaración de concurso fortuito «no quiere decir que no existan responsabilidades, pues aquellas personas o entidades que se sientan perjudicadas por los administradores sociales de Barreras tienen la posibilidad de ejercitar acciones de responsabilidad frente a ellos por incumplimiento de los deberes fiduciarios a los que estaban obligados en el ejercicio de sus funciones».
Así, aunque no se vayan a depurar durante la tramitación del concurso, «no quiere decir que queden exentas de responsabilidad las posibles conductas negligentes». Las mismas fuentes también han puntualizado que el concurso todavía no está cerrado, «pues hay actuaciones que continúan en trámite».
«Varias crisis a sus espaldas»
La Fiscalía también señala en su informe que la empresa, con más de 130 años de historia y «varias crisis a sus espaldas», tenía una situación de fragilidad desde 2019 y que la pandemia la abocó a una «deriva» que, de manera escalonada, la llevó a la imposibilidad de mantener su actividad y hacer frente a sus obligaciones con proveedores y acreedores, o asumir los gastos corrientes.
En julio de 2020, la división de cruceros de lujo de Ritz Cartlon se hizo con el control del astillero (tras la salida de Pemex y del que fuera durante los últimos años su presidente, José García Costas) e inició una serie de «maniobras» para paliar la crisis: acuerdos para finalizar la construcción del ‘Evrima’, pago de deudas a proveedores, solicitud de un préstamo de 30 millones de euros a la SEPI, etc.
Sin embargo, a finales de 2021, la situación de Hijos de J. Barreras era de insolvencia, y presentó concurso voluntario con una deuda de más 7,7 millones con sus proveedores.
El juzgado declaró en concurso voluntario al astillero en enero de 2022 y ordenó la apertura de una pieza separada para la venta de la unidad productiva. Seis meses después, declaró la extinción de la sociedad y, a finales de julio, formalizó el despido de un centenar de trabajadores, casi la totalidad de la plantilla (con excepción de la veintena que fueron subrogados por los nuevos dueños, Armón).
