Esta exigencia hace referencia tanto a los desahucios como a las cláusulas abusivas, entre las que se encuentra la de suelo, aplicada por multitud de entidades financieras durante los últimos años, entre ellas Abanca, que tuvo que eliminarla y devolver las cantidades cobradas de más desde el 9 de mayo de 2013 tras ser condenada por el Tribunal Supremo.
La CE aboga por la nulidad total y, por lo tanto, el reintegro desde la firma del préstamo, tal y como contempla su legislación. Ya en su día emitió un informe favorable a eliminar cualquier limitación temporal. Ahora va más allá con la apertura del expediente, que se convertirá en sanción si no se cumple.
Este procedimiento de infracción se lanza para que España ponga su normativa en consonancia con el derecho comunitario. Según recoge el diario digital El Español, que cita a fuentes europeas, los bancos deben aplicar el “efecto retroactivo” de la nulidad de las cláusulas y los clientes tiene derecho “a ser compensados”.
Las autoridades han dado dos meses de plazo para tomar las medidas oportunas, por lo que los consumidores podrían recibir buenas noticias antes de lo esperado, después de que el TJUE pospusiera su fallo como mínimo hasta septiembre.
El caso llegó a los tribunales europeos después de que el Juzgado Mercantil nº 1 de Granada planteara una cuestión prejudicial en un procedimiento de nulidad de cláusula de suelo, a la que posteriormente se unieron otras dos formuladas por la Audiencia Provincial de Alicante.
En este proceso, al que el Gobierno español acudió en defensa de los bancos, están inmersas tres entidades financieras entre las que no se encuentra Abanca pero, independiente de ello, lo que se resuelva afectará directamente a la sociedad propiedad de Banesco, que en uno u otro caso quedaría expuesta a un aluvión de demandas.
De hecho, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Galicia (Acouga) ya tiene preparada una demanda colectiva, que está a la espera del fallo del TJUE.