Es decir, que a todos los usuarios que tenían una hipoteca con esta disposición se les devuelva lo cobrado de más desde la firma del contrato y no desde el 9 de mayo de 2013 como dictaminó el Tribunal Supremo español. Una decisión favorable a los consumidores, la que más visos tiene de producirse, supondría un duro varapalo para las cuentas de la entidad financiera, una de las que más aplicó este tipo de condiciones en sus préstamos.
A un mes de que se conozca ese pronunciamiento, Abanca mantiene su hermetismo y no ofrece ningún tipo de pista acerca de cuál es o será su estrategia. Bancos como el Popular admitieron en su momento que estaban realizando aprovisionamientos extraordinarios de fondos para poder hacer frente a la previsible sentencia que les obligaría a eliminar sus cláusulas de suelo, todavía vigentes en aquel momento.
Pero la entidad propiedad de Banesco se remite oficialmente al dictamen del Supremo y considera la causa “ya juzgada”, a pesar de que ha sido admitida a trámite una nueva demanda de la asociación de consumidores Acouga para que sean reintegradas las cantidades cobradas de más desde la formalización del contrato.
De hecho, los informes del abogado general de la Unión Europa y de la propia Comisión Europea apuntan en esa dirección: la anulación debe ser completa. Tal y como refleja el Código Civil español, si una cláusula contractual se declara nula es que nunca debió existir. Por lo tanto, el dinero tiene que ser devuelto íntegramente.
Dos escenarios
Si se confirma esta tesis –y así lo creen desde Acouga-, Abanca se enfrenta a dos escenarios: desembolsar una elevada cantidad para cumplir con la decisión de Europa o esperar a que sean los usuarios los que le demanden para recuperar su dinero. También hay mutismo absoluto a este respecto en la entidad financiera. Su defensa ante el TJUE se basa en que no hay caso, así que no hay nada sobre lo que especular.
La ausencia de información no es sólo de cara a la prensa. También de cara al cliente. En las oficinas ni siquiera hablan del asunto. “Cuando se conozca el fallo, ya se verá”. Esa es toda la explicación que los trabajadores están ofreciendo a los hipotecados, ya que ni los propios empleados poseen un argumentario ante esta situación. Nadie se lo ha proporcionado.
En cualquier caso, si Abanca se resiste a afrontar las pérdidas que le generaría un fallo adverso, se enfrenta a un aluvión de demandas. Acouga prepara una colectiva si se diera el caso. Cuando la entidad financiera recibió el primer varapalo por parte del Supremo acató la sentencia sin más, eliminó las cláusulas y devolvió los importes desde mayo de 2013. Pero ahora la situación es diferente. Las cantidades son muy superiores y no está nada claro que el banco vaya a asumir una derrota sin más.
No dar pistas
El motivo de este silencio es obvio. Tal y como apuntan desde Acouga, “si admiten que están realizando provisiones de fondos están dando a entender que esperan un fallo desfavorable”. Además, “la presión social sería mayor porque los consumidores se sentirían defraudados”, apuntan. Y eso sería dar pistas al enemigo.
Aunque desde la asociación creen que Abanca ya intuye lo que puede ocurrir. “Ellos se mueven en círculos que les permite tener acceso a ciertas informaciones. Probablemente ya conozcan el sentido del fallo”, mantienen.
Si así fuese, partirían con una ventaja de al menos un mes con respecto a los consumidores para planificar una estrategia. Si es que hay una estrategia que aplicar, porque la posibilidad de que el TJUE dé la razón a la entidades financieras, tal y como desea el Gobierno español, está ahí, por pequeña que parezca. En 30 días se resolverá la duda.
