La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá esta semana el juicio por el supuesto fraude millonario de subvenciones ocurrido en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) hace 20 años, y que fue suspendido en septiembre de 2019.
La vista se reanudará a partir del próximo miércoles -y se prolongará varios días-, más de dos décadas después de que se produjese un supuesto fraude en la gestión por parte de la cúpula de la patronal en aquel entonces.
Los fondos fueron gestionados de forma supuestamente irregular por el equipo que presidía el vigués Antonio Ramilo, que falleció en 2006 y que dejó un agujero de 6,3 millones en las cuentas de la patronal gallega.
En base a ello, la Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones para Rafael Sánchez Sostre, el que hasta el año 2000 fue secretario de la patronal.
Según el escrito de acusación, hay otros ocho imputados, entre ellos socios, gestores o representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999.
La Fiscalía entiende que los perjuicios totales ocasionados en este caso ascenderían a 374.477,68 euros para el extinto INEM, 142.973,24 euros para la Xunta, y 66.111,33 euros para el Igape.
