Dentro de poco, si no se le pone freno, la Unión Europea firmará dos acuerdos trascendentales que se intentan vender como beneficiosos para la ciudadanía, cuando en realidad sólo benefician a las grandes corporaciones empresariales. Se trata de un acuerdo con Canadá denominado AECG (Acuerdo Económico y Comercial Global) —CETA, en inglés—; y otro con los Estados Unidos de América denominado TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones).
En ambos casos, se pretende vender su influencia en la creación de empleo y riqueza, pero la trascendencia es otra mucho más perniciosa, no sólo para la ciudadanía europea sino también para la propia democracia. Por ejemplo, de consolidarse los mencionados acuerdos (AECG y TTIP), los inversores extranjeros podrían denunciar a la Unión Europea por daños y perjuicios si ellos estiman que la legislación de la UE o de sus estados miembros les ha provocado pérdidas, entendiendo como tales legislaciones, incluso, las de protección al consumidor o las de protección al medio ambiente; prevalecerían los intereses de esas corporaciones.
De este modo, esas grandes empresas podrían ser coprotagonistas de la elaboración de nuevas legislaciones y normativas bajo el eufemístico concepto de “cooperación regulatoria”, un tipo de actividad de influencia que hoy se realiza bajo la denominación de “lobbies”, término que deriva del inglés “lobby” y que significa vestíbulo, donde se establecen contactos distendidos entre representantes de diferentes sectores con los legisladores, para influenciar sutilmente —y no tan sutilmente— en sus decisiones y que estas favorezcan los intereses de sus empresas o corporaciones. Los ¨lobbies” son una realidad generalizada e inevitablemente aceptada que se nos vende como una colaboración en el desarrollo legislativo, pero que en realidad sólo buscan el interés de cada sector empresarial.
En cuanto al tema que nos ocupa, el CETA y el TTIP, es conveniente informar que ya se han realizado más de medio millar de reuniones entre representantes de la Comisión Europea y los correspondientes de los lobbies, los grupo que podríamos llamar de presión. Las reuniones no son públicas, claro está, por lo cual no trascienden sus contenidos, tan sólo unas pocas han contado con la participación de representantes de asociaciones de consumidores y de representantes sindicales. Luego, la poca información que trasciende siempre es filtrada por los propios lobbies y sesgada de modo adecuado para edulcorar su verdadero significado.
Si la globalización ha tenido unos efectos devastadores en el empleo y en la economía de pequeñas y medianas empresas, así como en la vida del ciudadano europeo, la aprobación de estos acuerdos sería, sin duda, devastador, puesto que supondría que las corporaciones empresariales secuestrarían la propia capacidad que aún tiene la ciudadanía para decidir a través de sus representantes elegidos democráticamente, porque las corporaciones, a través de los lobbies, ya lo harían por nosotros y la democracia terminaría convirtiéndose en una pantomima.
Ya por último sólo queda destacar la opción personal que puede —y debe— asumir libremente cada persona como ciudadano en el sano ejercicio de la democracia, que es la posibilidad de unirse a la petición formal y colectiva para que se detenga este proceso que ahora comentamos. En otros países ya lo han conseguido mediante la recogida de firmas. En España, en cambio, todavía queda mucho por hacer, quizá porque aquí esas cosas aún las vemos lejanas, o quizá porque no estamos acostumbrados a ese estilo de participación democrática; ahora tenemos la oportunidad.
Sólo es un instante, lo justo para firmar una petición necesaria y solidaria.
Enlace para firmar:
https://stop-ttip.org/es/firma/
Mayor información sobre el tema:
https://stop-ttip.org/es/cual-es-el-problema/?noredirect=es_ES
