“Las cuentas de este gobierno dan la espalda a los más necesitados. Por eso queremos estar hoy aquí denunciando la existencia de un Vigo real que el alcalde se empeña en ocultar”, ha resaltado González, quien ha lamentado la ausencia de un proyecto social de ciudad que permita integrar a los más necesitados.
En este sentido, González Sánchez ha criticado la reducción de un 15% en la partida destinada al impulso de actividades con los más desfavorecidos, que pasa de 140.000 euros a 120.000. “El alcalde no quiere ver esta realidad y trata de ocultarla”, ahonda.
Asimismo, la popular ha denunciado también que el presupuesto reduce en casi 100.000 euros las partidas para personal en política social. Una reducción, expone, que Caballero debería explicar cuando el último informe conocido de la jefa de área apuntaba, precisamente, en la dirección contraria.
González ha recordado que dicho informe calificaba como “indispensable” la contratación de 11 trabajadores sociales y destacaba “la situación de deficiencia de recursos humanos en el departamento”. No en vano, ha resaltado, Vigo suma una trabajadora social por cada 17.200 habitantes, frente a, por ejemplo, A Coruña, que tiene una cada 6.000.
“En Vigo se tarda casi 6 meses en tramitar una Risga. Hace poco tiempo la Xunta le dio al Concello bastante dinero para contratar 11 personas más, y el alcalde dice que las contrató. Pues bien, ¿por qué ha rebajado en 100.000 euros el dinero destinado a trabajadores sociales?”, se ha cuestionado.
Convenios estancados
En este escenario, González ha denunciado también el estancamiento que sufren algunos de los principales convenios en materia de política social, como el de Afaga, Vida Digna, el Banco de alimentos o el comedor de la Esperanza, que llevan “años recibiendo la misma cuantía económica”.
Un estancamiento que la concejala popular ha hecho extensible a las políticas de igualdad, que mantienen las mismas cifras de inversión, sin ningún tipo de incremento, y que luego no se ejecutan: “En lo que va de año, la ejecución apenas supera el 50%”.
En este marco, González Sánchez ha concluido criticando la reciente eliminación del Punto Joven, donde se facilitaba información para sensibilizar a los jóvenes en temas de violencia de género. “En estos momentos, en España hay ya 750 menores que tienen protección oficial porque están acosadas y con malos tratos”, apunta.
