Comisiones Obreras ha anunciado que llevará ante la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, la licitación de un contrato por valor de 1,4 millones de euros para que clínicas privadas asuman derivaciones del Servizo Galego de Saúde para realizar intervenciones quirúrgicas de interrupciones voluntarias de embarazo.
En un comunicado remitido a los medios este martes, el sindicato califica de «intolerable» que se externalicen unas intervenciones que, como recuerdan, suponen el ejercicio de un derecho de las mujeres reconocido por ley que, por lo tanto, deben poder llevar a cabo en la sanidad pública.
Apuntan que seis de cada diez abortos que se practican en Galicia cada año se realizan en clínicas privadas, por lo que ven «prioritario» que se dediquen recursos a «reforzar» el sistema pública en lugar de a «derivar una parte considerable» de estos fondos a «financiar a la empresa privada».
Según Comisiones, la decisión de la Xunta «es consecuencia» de la «negativa» de la propia Administración gallega a crear el registro de profesionales objetores de conciencia previsto en la legislación.
Por ello, solicitan a la valedora que interceda para que el Gobierno gallego dé este paso y «aleje sus prejuicios ideológicos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gallegas» para que éstas puedan abortar «en el centro público de referencia y más próximo del domicilio de la mujer solicitante».
Y es que, en este sentido, el sindicato advierte de las diferencias que presentan los distintos distritos sanitarios, ya que los datos de Vigo o Santiago con el 100% y el 91% de los abortos practicados en centros públicos contrasta con el 37% que presenta el área de A Coruña o el 51% de Ferrol.
Así las cosas, CC.OO. ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «actuar al margen de la ley y del feminismo» con la licitación de un contrato «en pleno verano» que «pone en riesgo que las mujeres puedan elegir libremente».
