La legitimidad de dichas acciones está fuera de toda duda y forma parte de la línea de defensa de cada imputado, pero rompe una lanza en favor de quien acude cuando es citado, con los mismos medios de defensa que los demás, o menos, si cabe, y colabora sin acogerse a su derecho a no declarar. Estos han sido dos funcionarios, que nada habrán de temer si han seguido el código de conducta previsto para los empleados públicos, sus deberes y los principios de actuación, que no son pocos.
Mientras estos ya han pasado por la vicaría, al Juzgado de Instrucción seguían llegando peticiones de suspensión de los interrogatorios y otras disquisiciones procesales que dilatan el proceso, lo que ha terminado en la providencia judicial que permite la suspensión de las declaraciones de quienes lo pidan en un plazo de cinco días.
En este caso, el “pase usted primero, por favor”, no parece necesariamente el típico gesto de gentileza, sino que se asemeja más bien a un “no vamos a hacernos daño”, en el que nadie quiere abrir la boca sin tener la mayor información posible de la declaración del otro y de todas las grabaciones policiales. Así es que, estas dilaciones y la carga natural de trabajo, tanto de este caso, como de la administración judicial en general -que difícilmente contará con más recursos- prolongará una investigación que arrancaba en mayo de 2013, y en la que poco se se avanzará mientras no comiencen a declarar los verdaderos pesos pesados.
