Después de que el Congreso de los Diputados hubiera admitido a trámite la propuesta de ley para transferir a Galicia la Autopista AP-9, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha salido al paso informando de la imposibilidad de llevarla a cabo por una cuestión económica.
El ministro indica que el coste del rescate y del traspaso suman un importe en torno a los seis mil millones de euros, y que su ministerio no los tiene. En todo caso, que por su parte no hay impedimento si alguien quiere poner el dinero en la mesa.
A mí, personalmente, estas palabras me suenan a tomadura de pelo, a insulto, y no puedo quedarme callado.
Ahora no es momento de marear la perdiz recordando todas las vueltas que ha tenido el asunto de la autopista desde hace muchos años, pero sí es un buen momento para recordar que todos los gobiernos han estado mirando para otro lado cada vez que se planteaba la recuperación de la autopista, y ahora volvemos a lo mismo. Se han concedido prórrogas, se ha autorizado la modificación del puente de Rande… En fin, todo han sido cesiones mientras la ciudadanía no ha tenido más remedio que seguir soportando unos costes cada vez más abusivos.
El alcalde de Vigo, que como regidor de la ciudad más grande de Galicia tendría que implicarse en este asunto, habla del ministro Óscar Puente como su amigo e incluso le llama familiarmente Óscar.
Puede que sean amigos, no lo vamos a dudar, pero el señor Puente ha demostrado que para él existen cosas que están muy por encima de la amistad, y la autopista es una de ellas.
Al ministro Óscar Puente la autopista AP-9 le resulta demasiado valiosa para tomar una decisión política y satisfacer a la población gallega, a la ciudadanía de Vigo y alrededores, y a su amigo el alcalde.
En mi opinión, esa decisión en relación con la AP-9 no sería la misma si se tratara, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco; entonces se llevaría a cabo aunque el ministerio de Transportes no tuviera el dinero, ya se sacaría de donde fuera.
Pero no ocurre lo mismo con Galicia porque a los gallegos nos siguen considerando sumisos. Así las cosas, la autopista nos seguirá incomodando porque seguirá constituyendo una auténtica extorsión.
Sin embargo, no haremos nada para evitarlo; continuaremos pagando religiosamente por un servicio abusivo que está de sobra amortizado. Y cuando lleguen de nuevo las elecciones ya nos habremos olvidado del asunto.
En caso contrario, nos seguirán convenciendo de que era algo imposible. Pero lo cierto, en mi opinión, es que Galicia no tiene fuerza para que el gobierno central adopte una medida política y nos devuelvan lo que hace años ya debería ser de nuestra propiedad. Una auténtica burla
