Otra cosa es la valoración acertada o no de tal medida, pues las decisiones democráticas no son señal alguna de infalibilidad, e incluso gran parte de las veces ni de sentido común. ¿Es este el caso?. Veamos:
A mediados de los años 50 del pasado siglo, Pontevedra era una pequeña ciudad encantadora, con un casco histórico de primer orden, bien conservado, en una ría de gran belleza, con una gran riqueza piscícola y marisquera, en cuyo borde sur se situaba una zona residencial de gran calidad arquitectónica, lo que en su conjunto hacían de la capital del sur de Galicia un lugar excepcional.
Una decisión política de entonces hace que el Instituto Nacional de Industria, cree en Pontevedra la Empresa Nacional de Celulosa, ubicando sus instalaciones al borde de la ría, entre la capital y el puerto de Marín en la zona de mayor riqueza marisquera de la ría de Pontevedra, llevando implícito con ello la transformación arbórea de buena parte de la provincia, eliminando gran parte de su riqueza en especies autóctonas sustituidas por eucaliptos, un árbol invasor, de gran crecimiento, con consumos enormes de agua, que finalmente acaba incluso por transformar el bello paisaje gallego. La industria entonces era altamente contaminante, hasta el punto de haber transformado radicalmente la consideración de la ciudad y su entorno, pasando a ser conocida por el fuerte olor nauseabundo que desde hace ya unos 60 años identifica la comarca.
La oposición se hizo patente desde entonces en mayor o menor medida en Pontevedra, hasta el punto en que hasta hace unos meses todos los partidos del arco político pontevedrés estaban de acuerdo en el traslado de las instalaciones (PP incluido), cuya concesión remataba en 2018, lo que daba cierta tranquilidad ante la inminencia del posible traslado y el tan esperado fin de esa identificación de la ciudad con ese nauseabundo olor tan característico, que ha condenado a una generación a tan desagradable calidad de vida.
La empresa, dependiente en sus inicios del Estado, se privatiza en 1990 (Gobierno del PSOE) saliendo a Bolsa el 49% del accionariado, para pasar ya al 100% en 2001 (gobierno del PP), a 17 años del remate de la concesión de los suelos marítimos en que se emplaza. Hoy su principal accionista es Retos Operativos XXI, S.L., una empresa alavesa, siendo su consejero delegado y a la vez vicepresidente, Ignacio de Colmenares Brunet, quien según datos contenidos en la página corporativa de ENCE, ha disfrutado de unos ingresos por sus cargos en el año de 2015 de 1.800.000 euros (casi un millón de las antiguas pesetas ¡al día!), siendo consejeros, entre otros, los ex ministros Fernando Abril Martorell e Isabel Tocino Biscarolasaga, quien se incorpora como tal, justo dos meses antes de que el gobierno promulgue en 2013 la reforma de la ley de Costas que (curiosamente) le permite prorrogar el permiso si obtiene informe favorable de la Xunta, quien por otra parte siempre manifestó defender el traslado, pues en palabras de su presidente Feijoo “No cabe la posibilidad de mantener ENCE en la ría”, o de su conselleiro de medio ambiente “la salida es absolutamente irrenunciable”, posturas que de la noche a la mañana cambian radicalmente, pasando entonces a la utilización del recurso habitual de la defensa de los puestos de trabajo.
Haciendo un inciso, veamos quien es, a rasgos generales, Isabel Tocino. Miembro destacado del PP y del Opus Dei, ministra de Medio Ambiente con Aznar, desde 1996 a 2000, a quien sucedió en el cargo el inefable Jaume Matas (buen pollo), con quien ENCE se privatiza definitivamente, justo poco después de tomar posesión en el cargo (es de suponer que la privatización habría sido preparada con anterioridad). Actualmente, forma parte, además del de ENCE, del consejo de administración del Banco de Santander, de ENAGAS y del ¡Consejo de Estado! como consejera electiva, constituyendo todo ello uno de los más claros ejemplos de “puertas giratorias” en España. ¿Cuál es el motivo por el cual ENCE incorpora como consejera a un miembro del Consejo de Estado (¿es acaso legítima esa compatibilidad?), del que es presidente otro gallego ilustre José Manuel Romay Beccaria (PP), poco antes de que Rajoy promulgue una ley cuyo contenido es fundamental para ENCE, y que finalmente sale tal cual le interesa a la pastera? ¿Acaso porque “la Tocino”, como se le llamaba en política, sabe “un huevo” sobre celulosa?.
La ley finalmente ha propiciado la prorroga de la concesión de los terrenos por un plazo de 60 años, con plazo adicional de otros 50, a cambio de una inversión de 61 millones de euros prometida por la fabrica en mejoras en la calidad medioambiental de sus instalaciones, entre otras cosas para cumplir la exigencia normativa medioambiental europea (ninguna concesión graciosa a la ciudad, sino mas bien una exigencia de funcionamiento).
La prorroga de la concesión del dominio público marítimo-terrestre, se produce por parte del gobierno Rajoy en el momento en el que este actúa en funciones, sabiendo que, con toda probabilidad, no va a volver a gobernar y que cualquier futuro gobierno que no fuese del PP no renovaría la concesión, lo que hace dos años antes de finalizar el plazo, y no solo por el plazo máximo que establece la ley, sino que improvisó una excepción reglamentaria para salvarle de la evaluación ambiental exhaustiva que marca la normativa (según ha publicado El País).
ENCE es actualmente líder europeo en la fabricación de celulosa de eucalipto, primer gestor forestal privado de España y primer productor de España en energía renovable con biomasa, actividad por la que pretenden llevar a cabo ampliaciones en la fabrica de Pontevedra en los próximos años.
La prorroga de la concesión propiciada por el gobierno Rajoy, sin dar la más mínima explicación ni a Pontevedra, ni a su Corporación, ni a los pontevedreses, ni a nadie (muy propio de Rajoy), hará que al menos en los próximos 110 años la situación se consolide definitivamente y Pontevedra y su comarca no puedan liberarse ya, para nadie vivo en estos momentos, de tal carga ni de la recuperación de nuestros bosques para las especies autóctonas, ni que la riqueza marisquera de la ría en la zona se recupere nunca más.
Defensores de la medida, generalmente que no conocen Pontevedra ni han tenido que sufrir sus olores, han argumentado que se trata de una empresa que ofrece un importante número de puestos de trabajo (argumento importante pero que no puede justificarlo todo), riqueza para el puerto de Marín, para otras zonas de Galicia de explotación maderera, etc.
¿Es esto una canallada para Pontevedra y para los pontevedreses? Posiblemente los que trabajan en la fabrica, o tienen relación con su actividad económica, no solo dirán que no, sino que estarán encantados, cantidad de gente que la misma empresa cifra entre puestos directos e indirectos en unos 5.000 en toda Galicia, pero el resto de los habitantes de la comarca no pensarán lo mismo, sino todo lo contrario.
Pontevedra sufrió en los años 50 como un gallego en el poder, el general Franco, les masacró su calidad de vida, mientras cerca de 60 años después otro gallego, esta vez de la propia ciudad, les prorroga el calvario otros 110 más, cerca del doble de tiempo, condenando a toda la generación actual, e incluso a le venidera, a seguir soportando el agravio que un día el franquismo les propició y además de la misma manera, de la noche a la mañana, por la puerta de atrás, y sin dar explicaciones a nadie.
¿Merece Mariano Rajoy ser declarado persona non grata en su ciudad?. La mayoría de la Corporación pontevedresa ha creído que sí. Yo no sé si llegaría a tanto, quizá sí (Rajoy asegura que antes que él tenían que haber nombrado a Hitler o a Stalin).
Uno ya tiene bastantes años, ha visto de todo y con más profusión últimamente, lo que en materia política le hace muy desconfiado, sobre todo en un partido que día a día ve como se le abren nuevos frentes por corrupción y esto no me huele nada bien, y no me refiero en este caso a la celulosa en sí. Por tanto, creo que sería mas efectivo tratar de investigar a fondo sobre posibles implicaciones de interés político en el asunto, ya que la concesión es de consecuencias económicas fundamentales para una entidad como ENCE, cuya presencia en la ría de Pontevedra habían ya condenado todos los partidos (PP incluido). Tal condena, por otra parte, se producía incluso poco tiempo antes de que se dieran toda la serie de circunstancias que ahora, a toda pastilla, sorpresivamente, por la puerta de atrás, y coincidiendo con la entrada en la empresa, como consejera, de un miembro del Consejo de Estado, han propiciado esta inaudita remontada para los intereses de la pastera.
El asunto, merece al menos ser investigado, y no quedar simplemente en el lamento del “pobre” Rajoy, vilipendiado y despreciado por su pueblo, por el que tanto ha hecho y que tan agradecido debería estarle, para acabar finalmente con el manido consuelo de que nadie es profeta en su tierra.
Ya que no lo has explicado cuando debías, ¡Explícale a tu pueblo lo que has hecho!. Si crees firmemente que ha sido un acierto poco te costará exponer tus razones. El pueblo, el tuyo incluido, pasa ya de dictaduras, de decisiones a la trágala, de rendición de pleitesía, de que siempre haya que agradecerle a los políticos que ejerzan su trabajo, de tanta medalla y tanta tontería.
¿Rajoy persona non grata en Pontevedra?. Puede… o no, depende…, y ¿tu por qué lo preguntas? Veremos…
