Las últimas averiguaciones demuestran que incluso había más depósitos al margen de la ley y, por lo tanto, sin la seguridad necesaria para el tratamiento de estas sustancias. Es de suponer que el interés desmedido de enriquecimiento a cualquier precio y con cualquier riesgo provocan estas ilegalidades que luego terminan cercenando la vida de las personas.
Debe saberse que la mayoría de los componentes de los explosivos, por lo menos en el caso concreto de la pólvora, no tienen mayor peligro por separado. Sin embargo, cuando se juntan en las debidas proporciones constituyen un enorme peligro potencial. Esto es, por supuesto, sin contar con la metralla, y esa es, quizá, la suerte que ha habido en las explosiones de Tui. De existir metralla, la capacidad destructiva de esas explosiones sería indescriptible.
Las preguntas que se deducen de este triste acontecimiento son obvias: ¿por qué no se adoptaron las medidas oportunas cuando se detectó que existían esas instalaciones ilegales? ¿Cómo se establece el control de compra y de venta de los componentes químicos que pueden utilizarse en la fabricación de explosivos? ¿Ese control resulta suficiente? ¿Hasta dónde va a llegar la responsabilidad del protagonista principal de los hechos, y quiénes van a compartir esas responsabilidades? ¿Se le aplicará la legislación antiterrorista como se le aplicaría en caso de haber ocurrido, por ejemplo, en el País Vasco?
Está claro que esta explosión es algo que no debe repetirse, sin embargo, es muy probable que existan otros depósitos similares en otros lugares de Galicia. Son las consecuencias amargas del negocio de la pólvora.
