La decisión de la responsable autonómica se produce, según ha informado la Xunta en un comunicado, “a raíz de las recientes informaciones que se están dando por parte de algunas administraciones locales y que contribuyen a generar confusión y una alarma innecesaria entre el vecindario de la zona”.
En este sentido, la Consellería de Medio Ambiente ha lamentado “profundamente” la actitud de los alcaldes de Vigo y de Bueu, que “en los últimos días asumieron un papel protagonista con relación a este asunto e hicieron manifestaciones interesadas y sin fundamento con el fin de generar dudas sobre los derechos de los concesionarios de Ons y sus familias a moverse libremente por la isla”.
Por esta razón, desde el departamento autonómico se ha exigido a ambos regidores “responsabilidad institucional” y “respeto” hacia los vecinos de Ons, que “están siendo utilizados con una intencionalidad política evidente”, pese a que la reunión celebrada en Vigo se produjo por iniciativa de los isleños.
Por otra parte, la Xunta ha defendido que la limitación de acceso a las Islas Atlánticas no tiene nada que ver con la candidatura; ni siquiera es uno de los requisitos a valorar por parte de la Unesco. Este cupo máximo de entrada para poder visitar los archipiélagos que conforman el Parque Nacional viene motivado por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), un decreto que busca proteger los valores naturales y la biodiversidad de este espacio, haciéndolos compatibles con determinados usos públicos y turísticos sostenibles.
Medio Ambiente subraya que a la hora de cuantificar esa carga máxima, el documento se basó en informes técnicos “que avalan la presión humana que cada uno de los archipiélagos puede soportar sin poner en riesgo sus valores”.
