La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por posibles irregularidades en la prórroga de concesiones estratégicas. En esta ocasión, el dictamen motivado emitido por Bruselas pone en el punto de mira la ampliación por 60 años de la concesión a Ence, la fábrica de celulosa ubicada en la ría de Pontevedra, aprobada en 2016 durante el mandato de Mariano Rajoy cuando el Gobierno se encontraba en funciones. Esta decisión, que no cumpliría con la normativa comunitaria, se añade al procedimiento ya abierto por la prórroga de la autopista AP-9, también autorizada bajo el Gobierno del PP.
Bruselas cuestiona la transparencia de la concesión
La ampliación de la concesión de Ence hasta 2073 no se ajusta, según Bruselas, a la Directiva de Servicios, que obliga a aplicar un procedimiento de selección «imparcial y transparente». En su análisis, la Comisión Europea considera que la prórroga directa de la concesión incumple los principios de la normativa comunitaria al no haberse realizado un concurso público que garantizara la igualdad de oportunidades.
Este nuevo tirón de orejas desde Europa reaviva el debate sobre la legalidad de decisiones que, años después, siguen generando consecuencias políticas y jurídicas. La continuidad de la planta de celulosa en la ría de Pontevedra ha sido objeto de controversia durante años, con enfrentamientos entre defensores de la industria y colectivos ecologistas que denuncian su impacto ambiental.
La provincia de Pontevedra, epicentro de la polémica
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha lamentado los efectos negativos de estas decisiones en la provincia. «Este anuncio por parte de la Comisión Europea de otro posible procedimiento contra España por la prórroga de Ence viene a sumarse al que ya está en marcha por la prórroga irregular de la AP-9. Se trata de decisiones con una clarísima repercusión en Pontevedra, que además de perjudicar a la ciudadanía, crean una indudable inseguridad jurídica, la peor herencia que un gobierno puede dejar al siguiente», señaló Losada.
El subdelegado ha sido especialmente crítico con la gestión del Partido Popular en su etapa de Gobierno. «Le toca ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez afrontar estos problemas mientras el PP finge que no tiene nada que ver y, en cambio, presenta todo tipo de solicitudes parlamentarias y políticas para enturbiar la solución de los problemas que ellos mismos generaron cuando gobernaban», afirmó.
Una herencia en disputa
La concesión a Ence y la polémica prórroga de la AP-9 tienen un denominador común: su aprobación durante el último mandato de Mariano Rajoy. La prórroga de la autopista hasta 2048, cuestionada por Bruselas, y la extensión de Ence hasta 2073 colocan en el foco las prácticas administrativas del momento, al tiempo que generan incertidumbre entre la ciudadanía y los actores económicos afectados.
La planta de Ence en la ría de Pontevedra sigue siendo un motor económico para la zona, pero también un foco de protestas por parte de colectivos ecologistas y vecinos. La posible resolución del procedimiento abierto por Bruselas podría tener implicaciones de gran calado, tanto para la empresa como para la ciudad.
Por el momento, la Comisión Europea ha dado un plazo para que el Gobierno español responda al dictamen motivado y aporte las explicaciones pertinentes. Sin embargo, de no ser satisfactorias, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como ocurrió con otros procedimientos similares en el pasado.
Un escenario complejo para España
La repetición de procedimientos abiertos contra España por decisiones pasadas genera incertidumbre en sectores clave y refuerza el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y rigor en la adjudicación de concesiones. La prórroga a Ence y la de la AP-9 se han convertido en símbolos de la gestión de infraestructuras y concesiones públicas, con un impacto directo en la ciudadanía y en el equilibrio político.
«Como subdelegado del Gobierno en Pontevedra, solo puedo lamentar las consecuencias negativas de estas prórrogas cuestionadas por Europa y rechazar la manera hipócrita de hacer política del Partido Popular, que no solo crea los problemas cuando le toca gobernar, sino que enturbia las soluciones cuando está en la oposición», concluyó Abel Losada.
El futuro de Ence y la autopista AP-9 queda ahora en manos del diálogo entre España y Bruselas, en un escenario en el que la sombra de la inseguridad jurídica sigue planeando sobre decisiones pasadas.
